En una sesión cargada de tensión y cruces verbales, el Senado de la Nación dio sanción definitiva a la reforma de la Ley Penal Juvenil, marcando un giro de 180 grados en la política de seguridad del país. La iniciativa, que deroga el régimen vigente desde la dictadura militar (1980), establece que los menores de entre 14 y 17 años que cometan delitos serán penalmente responsables y podrán ser privados de su libertad en centros especializados.
El debate estuvo marcado por la presencia de familiares de víctimas de la inseguridad en los palcos y un minuto de silencio solicitado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien capitalizó el triunfo legislativo. Mientras el oficialismo y aliados (UCR y PRO) celebraron el fin de lo que llamaron «la impunidad juvenil», el kirchnerismo calificó la medida como un «show» y advirtió que la ley no resuelve el problema de fondo.
Puntos clave de la nueva Ley
La normativa no solo baja la edad punible, sino que introduce cambios estructurales en el proceso judicial para menores:
- Pena máxima: Se fijó un tope de 15 años de prisión (el proyecto original pedía 20).
- Separación total: Los menores condenados no podrán compartir espacio con adultos bajo ninguna circunstancia. Deberán cumplir pena en institutos especializados o secciones separadas dentro de unidades penitenciarias.+1
- Responsabilidad de los padres: La ley establece que los progenitores serán civilmente responsables por los daños y perjuicios derivados de los delitos que cometan sus hijos.
- Medidas alternativas: Para casos de menor gravedad, el juez podrá dictar el uso de tobilleras electrónicas, prohibición de salida del país o reparación integral del daño a la víctima.
- Presupuesto: Se asignaron $23.700 millones para que las provincias puedan adaptar sus infraestructuras y contratar a «supervisores» (profesionales de salud y educación) para el seguimiento de los jóvenes.
Cruces en el recinto: Juez vs. Soria
El senador cordobés Luis Juez protagonizó uno de los momentos más encendidos al reclamar que se deje de «romantizar la violencia». «¡Los narcos se han adueñado de nuestros chicos! Hagámonos cargo de que hemos fracasado», exclamó. En la vereda opuesta, el rionegrino Martín Soria rechazó la ley argumentando que el Estado solo da una respuesta penal y no integral: «Esta ley es peor que el decreto de Videla», disparó el exministro de Justicia.
¿Qué pasará en Río Negro?
La implementación de esta ley obligará a la provincia a revisar sus centros de detención juvenil. Según las estimaciones de la oposición nacional, el presupuesto asignado podría ser insuficiente para construir las nuevas plazas necesarias, lo que abre un interrogante sobre cómo se financiarán los nuevos «institutos especializados» que la ley exige.
