En la audiencia 23 del juicio por la megacausa de estafa con planes sociales en Neuquén, un miembro clave del caso finalmente rompió el silencio. Marcos Ariel Osuna, imputado por extracción de dinero y cheques de planes sociales, admitió su responsabilidad: “Sí, yo he retirado plata de los cajeros automáticos. Sí, yo he depositado cheques […] No, nunca me sentí parte de una organización criminal”
Con formación técnica como analista de sistemas y tras años dentro del Estado neuquino, Osuna ha sido acusado como uno de los cabecillas de la estafa. Tras casi tres años en prisión preventiva y recientemente en condiciones domiciliarias, esta fue su primera declaración pública. El gesto fue calculado: reconoció lo irrefutable —lo que ya estaba probado— y evitó involucrar a otros participantes de la asociación ilícita
Osuna desempeñó el cargo de “jefe de Departamento de Programas” en la Dirección de Planes Sociales, cargo que él mismo definió como puramente nominal: “No tenía personal a cargo, ni oficina, ni secretaria… me lo dieron solo para justificar un sueldo más alto”. Así, se desmarca de decisiones operativas y se posiciona como un engranaje sin control real.
Según Osuna, su accionar no fue voluntario: decía actuar por encargo de una empleada que está entre las cuatro arrepentidas protegidas. “A ella le entregaba el dinero”, afirmó. Sin embargo, el juicio muestra una versión opuesta: muchos testigos relatan que eran enviados a extraer dinero por órdenes directas de Osuna o de otros jerarcas del sistema, lo que contradice su relato de obediencia a un tercero sin poder.
Osuna también reveló parte del funcionamiento irregular de la llamada “caja azul”, donde se registraba el efectivo extraído de los cajeros, con su propio control contable. Allí figuraban que algunos fondos se destinaban a “aporte Garbarino” —un pago en efectivo cuya autorización no estaba clara—, así como otras ayudas ocultas que “pasaban por una decisión política” de figuras superiores como Ricardo Soiza.
¿Una confesión abierta o una defensa armada?
El modo de presentar la confesión fue tan preciso como una jugada de ajedrez: concedió lo que no podía negar, pero evitó tocar lo que aún no estaba probado. Evitó comprometer a otros 13 acusados, según lo guiado por su defensor público, Juan Pablo Piombio. Una confesión funcional, que podría debilitar a la Fiscalía al diluir la percepción de red criminal organizada y concentrar culpabilidad en su figura.
