Un duro e inapelable fallo judicial volvió a poner bajo la lupa la responsabilidad del Estado municipal en el control del espacio público y las graves consecuencias económicas que su incumplimiento genera en las arcas comunales. La Justicia Civil de General Roca condenó solidariamente al Municipio y a un jardín de infantes a pagar una indemnización que supera los $20 millones a una mujer que sufrió un grave accidente en la vía pública.
El hecho que originó la demanda ocurrió el 13 de enero de 2016, cuando la víctima caminaba por el sector y debió atravesar una pasarela provisoria de madera instalada sobre la vereda con motivo de las obras de ampliación del establecimiento educativo. La estructura precaria cedió, provocando la violenta caída de la mujer y causándole severas lesiones.
Inspección con «delay»: controlar cuando la obra ya terminó
Al desarrollar los fundamentos de la sentencia, la magistrada Romina Daniela Merino destruyó la estrategia de defensa presentada por la asesoría letrada del Municipio. Desde el Ejecutivo local alegaban no tener responsabilidad directa sobre los trabajos de la constructora, pero el expediente demostró lo contrario: la administración conocía el trámite de ampliación desde el primer día.
El dato más contundente y determinante del fallo expone una preocupante desidia administrativa: el Municipio informó en el expediente que recién realizó una inspección en el lugar en noviembre de 2020, es decir, casi cinco años después del accidente y cuando los trabajos edilicios ya se encontraban completamente finalizados. Lo que denota la falta de control por parte del municipio «En acción».
Responsabilidad compartida y el salto económico de la causa
La sentencia tampoco perdonó las excusas del jardín de infantes involucrado. Las autoridades de la institución educativa intentaron desligarse culpando de manera exclusiva a la empresa contratista encargada de los albañiles. Sin embargo, la jueza determinó que, en su carácter de dueña y beneficiaria directa de la obra, la entidad mantenía la obligación jurídica ineludible de supervisar las condiciones de seguridad para los terceros y transeúntes.
El impacto financiero del caso encendió alarmas en los pasillos municipales. Si bien la demanda se inició originalmente por la suma de $915.865,72, el paso del tiempo, el proceso de devaluación y la acumulación de tasas de interés elevaron la cifra definitiva por encima de los $20 millones, fijados principalmente bajo el concepto de daño moral.
