El intendente de Allen, Marcelo Román, rompió el silencio y ratificó de manera tajante que no abandonará su cargo al frente del Poder Ejecutivo local, trasladando el conflicto institucional de manera directa a los estrados judiciales. El jefe comunal sostuvo que la ordenanza aprobada recientemente por seis concejales para suspenderlo carece de todo sustento legal y confirmó que sus abogados ya radicaron una denuncia penal formal contra los legisladores municipales que impulsaron y votaron la polémica sanción.
El conflicto político estalló días después de que la Justicia de Río Negro le formulara cargos a Román en una causa por presunto peculado y administración fraudulenta. La investigación judicial busca determinar si el intendente entregó un teléfono celular de alta gama, adquirido con partidas presupuestarias públicas del municipio, a Sebastián Ocampo, un empresario de medios de comunicación local que también se encuentra imputado en el mismo expediente. Para los concejales de la oposición, la suspensión preventiva era una medida necesaria para resguardar las arcas públicas del municipio mientras avanza la recolección de pruebas de la fiscalía.
Durante una entrevista radial, el mandatario comunal fundamentó su resistencia en una interpretación técnica del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. Román alegó que dicha norma quedó obsoleta porque exige el «procesamiento» penal del acusado, una figura jurídica que dejó de existir tras la reforma procesal rionegrina del año 2017. A pesar de que los periodistas le leyeron al aire que el artículo menciona explícitamente a las «autoridades» municipales, el mandatario insistió en que su remoción solo puede canalizarse a través de los mecanismos específicos del artículo 98 de la ley fundamental local y recordó que ni los fiscales ni los jueces del caso solicitaron una medida cautelar para apartarlo de la función pública.
Asimismo, Román impugnó la legalidad de los procedimientos administrativos seguidos por el Concejo Deliberante durante la sesión extraordinaria. El intendente denunció que el proyecto de suspensión no estaba incluido en el orden del día original y advirtió que la ordenanza no puede tener efectos inmediatos debido a que aún debe cumplir con los plazos institucionales obligatorios de promulgación, eventual veto y posterior publicación en el boletín oficial. Por este motivo, aseguró que las puertas del municipio seguirán abiertas bajo su conducción diaria.
Finalmente, el jefe comunal relativizó el complejo escenario político que atraviesa la localidad de Allen, donde en paralelo un grupo de vecinos autoconvocados ya presentó más de 3.000 firmas para activar un proceso de revocatoria de mandato en su contra. Román aseguró que muchas de esas planillas de adhesiones deberán ser minuciosamente auditadas y revisadas por los organismos electorales por presentar supuestas irregularidades, concluyendo que su gestión sigue gobernando con total normalidad para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.
