En una sesión marcada por la tensión y los fuertes cruces políticos, el Concejo Deliberante de Allen aprobó este miércoles la suspensión preventiva y precautoria del intendente Marcelo Román (La Libertad Avanza). La iniciativa, que obtuvo seis votos a favor y tres en contra, se fundamenta en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal y regirá hasta que exista una sentencia definitiva en la causa penal que enfrenta el mandatario.
Román fue formalmente imputado semanas atrás por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, en un expediente donde también está acusado el empresario local de medios, Sebastián Ocampo.
De acuerdo con lo establecido por la normativa local, mientras dure el apartamiento del jefe comunal, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, asumirá provisoriamente la conducción del Poder Ejecutivo para garantizar el funcionamiento administrativo y la continuidad de los servicios públicos.
Los fundamentos de la suspensión
El proyecto aprobado se respaldó en un dictamen del asesor legal del cuerpo legislativo, Néstor Soler. El informe técnico sostiene que el apartamiento tiene un carácter «meramente preventivo e higiénico en términos institucionales». Su finalidad exclusiva es resguardar el desarrollo de la investigación judicial y la producción de pruebas, evitando cualquier tipo de entorpecimiento, sin que esto vulnere la presunción de inocencia del intendente al no tratarse de una sanción firme.
Tras la votación, los concejales Fabián Figueroa, Guillermo Pennesi y María Aburto notificaron formalmente a Román. Al recibir la documentación, el intendente suspendido manifestó que evaluará los pasos a seguir dentro de los plazos legales: «Nosotros nos vamos a tomar el tiempo para los plazos correspondientes y llegado el caso seguiremos el método correspondiente como lo indica la carta orgánica», declaró, señalando que dispone de cinco días hábiles para vetar o no la ordenanza antes de que quede firme.
Cruces y posturas en el recinto
La votación dividió de forma tajante al cuerpo deliberativo. A favor de la suspensión votaron Fabián Figueroa (UCR Auténtica), Marta Crespo (Nos Une Río Negro) y los ediles de Juntos Somos Río Negro (JSRN) Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez. Desde este bloque defendieron la legalidad de la medida para velar por la transparencia pública, rechazando las acusaciones de desestabilización. «No estamos dando ningún golpe institucional, la Carta Orgánica se redactó por convencionales votados por el pueblo», enfatizó Figueroa. Por su parte, Aburto sumó duras críticas a la gestión al señalar una «falta de sensibilidad y actitud empática» por parte del mandatario en asistencia social.
En la vereda opuesta, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), integrado por Valeria Bezic, Analía Martínez y Antonio Sepúlveda, votó en rechazo. Los concejales opositores tildaron la resolución como «un golpe constitucional» y criticaron la pobreza de los argumentos legales. Bezic advirtió sobre el peligroso precedente institucional que sienta la medida y cuestionó el impacto político para la localidad si la Justicia llega a resolver que el intendente es inocente.
De acuerdo a la Carta Orgánica, en caso de que Román sea absuelto en el proceso penal, tendrá derecho a la restitución automática en su cargo con la totalidad de sus funciones; de lo contrario, una condena firme significará su destitución inmediata.
