San Carlos de Bariloche. En una sesión cargada de tensión, el Concejo Deliberante rechazó este miércoles el proyecto de ordenanza que buscaba implementar la obligatoriedad de estudios médicos, psiquiátricos y narcotest para todos los funcionarios de la ciudad, desde el Intendente hasta los jueces de faltas y asesores. La iniciativa, que llevaba un año de debate, solo contó con el respaldo de su autor, Facundo Villalba, y del edil Leandro Costa Brutten.
El proyecto proponía realizar rinoscopías y análisis de orina para garantizar la «idoneidad y ética» en el ejercicio público. Villalba argumentó que se trata de una medida de «sentido común» que ya se aplica en el sector privado —como en petroleras o estaciones de servicio— y en otras provincias como Neuquén y Córdoba. Sin embargo, la mayoría del cuerpo deliberativo consideró que la norma presentaba fallas técnicas y constitucionales insalvables.
Los argumentos del «No»
La oposición al proyecto no fue uniforme, pero se centró en la legalidad de los procedimientos. La concejal Julieta Wallace fue una de las más críticas, señalando que la realización de tests sorpresivos en el lugar de trabajo «invierte la carga de la prueba» y vulnera el derecho de defensa.
Además, Wallace cuestionó que la negativa a hacerse el examen se considerara automáticamente como un resultado positivo y advirtió una contradicción legal: el narcotest detecta cannabis, cuyo uso medicinal ya está reconocido por una ordenanza local. Por su parte, Roxana Ferreyra recordó que la actual Ordenanza de Ética Pública ya exige certificados de antecedentes penales a todos los designados y electos.
