En el último año y medio, 78 trabajadores del Estado rionegrino fueron desvinculados por resoluciones de la Junta de Disciplina, según confirmó el Gobierno provincial. La mayoría de las sanciones se vinculan con inasistencias reiteradas, inconductas y abandonos de servicio.
Un informe oficial detalló que desde principios de 2024 se aplicaron 428 sanciones en total, que incluyen 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones. Además, se emitieron 21 apercibimientos y se iniciaron 144 sumarios administrativos, de los cuales 37 terminaron en sobreseimientos.
Las medidas disciplinarias fueron tomadas en el marco de la Ley N° 3487, que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública. Esta norma contempla distintos tipos de sanción, desde apercibimientos hasta exoneraciones en casos de mayor gravedad.
“Las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los trabajadores que cumplen”, afirmó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. Y agregó: “Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen”.
El procedimiento disciplinario comienza con un sumario administrativo, a cargo de instructores especializados que reúnen pruebas y elaboran un informe. La resolución queda en manos de la Junta de Disciplina, integrada por funcionarios y representantes gremiales de ATE y UPCN.
Entre las irregularidades más frecuentes se encuentran las llegadas tarde reiteradas, conflictos entre compañeros y, en los casos más graves, condenas penales. Las sanciones más severas ,como la exoneración, se aplican ante delitos dolosos con condena efectiva o contra la administración pública.
