Según consta en documentación del Registro de la Propiedad Inmueble, el funcionario adquirió la vivienda por un total de 230.000 dólares en noviembre de 2025. La particularidad de la operación radica en su estructura de financiamiento: casi el 90% del monto fue cubierto mediante un préstamo otorgado por las propias vendedoras, dos mujeres jubiladas que, además de transferir el inmueble, quedaron registradas como acreedoras de una hipoteca. (Ambito)
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El crédito ascendió a unos 200.000 dólares y fue dividido en partes iguales entre ambas prestamistas, mientras que Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti, habrían aportado el resto al momento de la firma de la escritura. La propiedad, de cerca de 200 metros cuadrados, está ubicada en una de las zonas más cotizadas de Caballito y había pertenecido previamente al exfutbolista Hugo Alberto Morales.
El caso tomó relevancia no solo por las características de la operación, sino también porque se inscribe en una investigación más amplia sobre la evolución patrimonial del funcionario desde su llegada a la función pública. En ese contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó medidas de prueba al juez Ariel Lijo para profundizar el análisis sobre el origen de los fondos y la eventual existencia de bienes no declarados.
Además, la compra en Caballito no habría sido el único movimiento inmobiliario reciente. Ese mismo mes, Adorni también adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, aunque en ese caso figura a nombre de su esposa. La falta de registro de ciertas operaciones en declaraciones juradas oficiales alimentó las sospechas y derivó en nuevas presentaciones judiciales.
En paralelo, las dos mujeres que figuran como acreedoras del préstamo negaron conocer al funcionario al ser consultadas, lo que agregó otro elemento de interés a la causa.
Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que no hubo irregularidades y que el patrimonio fue construido en el ámbito privado, aunque la investigación judicial continúa abierta y busca determinar si existieron inconsistencias o maniobras que justifiquen las denuncias.
