El gobierno de Javier Milei ha anunciado un aumento en las retenciones a las exportaciones de soja y maíz, a partir del 1 de julio. Esta medida, que se oficializó hoy a través del Boletín Oficial bajo el Decreto 439/25, responde a la urgente necesidad de incrementar las reservas del Banco Central en un contexto de escasez de divisas y compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con esta decisión, la alícuota de retenciones para la soja pasará del 26% al 33%, mientras que para el maíz se elevará del 9.5% al 12%. Sin embargo, las ventas de trigo y cebada seguirán gravadas con un 9.5% hasta el 31 de marzo de 2026. Este cambio implica un regreso a los niveles de imposición previos a la reducción temporal implementada en 2024, que había sido parte de una estrategia para aliviar la carga sobre los productores en un momento de crisis.
El ajuste en las retenciones es parte de un enfoque más amplio del gobierno para fomentar la liquidación de divisas por parte de los exportadores, especialmente durante la época de cosecha de estos cultivos, que son fundamentales para la economía argentina. La administración de Milei busca asegurarse de que los ingresos generados por estas exportaciones contribuyan a las reservas nacionales, cruciales para cumplir las metas acordadas con el FMI.
La medida también incluye un mecanismo que obliga a los exportadores a liquidar al menos el 90% de las divisas generadas por la exportación de granos dentro de los 30 días hábiles siguientes a la declaración de venta al exterior. Si no se cumple con este plazo, se aplicará la alícuota máxima de retenciones.
Se espera que esta decisión tenga un impacto significativo en el sector agroindustrial, que ha sido uno de los principales motores de la economía argentina. Sin embargo, también ha generado preocupaciones entre los productores, quienes argumentan que un aumento en las retenciones podría dificultar su rentabilidad en un contexto de costos crecientes y un tipo de cambio que consideran aún atrasado.
Con este aumento, el gobierno de Milei busca equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la realidad de un sector que continúa siendo vital para la generación de divisas en el país. La respuesta del campo ante esta medida será clave para entender el clima económico y social en los próximos meses.
