El estado de deterioro que exhibe la Ruta Nacional 22 a su paso por el Alto Valle —así como el del corredor de la Ruta 151— se ha transformado en un factor de constante riesgo y demoras para la circulación de la región. Con un caudal estimado en cerca de 50.000 vehículos diarios y un flujo superior a los 1.000 camiones de carga pesada, la falta de mantenimiento estructural y la ausencia prolongada de controles de pesaje derivaron en un pronunciado desgaste del pavimento. Ante este escenario, el Poder Ejecutivo provincial buscó asumir la gestión de las arterias, aunque las negociaciones con la administración central quedaron frenadas por exigencias técnicas e incompatibilidades presupuestarias.
En declaraciones al programa Preámbulo de Radio Universidad FM Antena Libre de General Roca, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, advirtió que la Nación pretende traspasar la responsabilidad sobre 510 kilómetros de traza pero sin aportar financiamiento. Según explicó el funcionario, el Gobierno nacional retiene los fondos provenientes del impuesto a los combustibles —destinados por ley a la infraestructura vial— al tiempo que busca trasladar los costos operativos a la jurisdicción rionegrina, condicionando además los avales para créditos internacionales preacordados con entidades financieras.
A la restricción presupuestaria se suma un complejo entramado legal que impide cualquier intervención de emergencia por parte de la provincia. Actualmente existen seis contratos vigentes con Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se encuentran neutralizados o bajo disputa judicial, lo que inhabilita legalmente el ingreso de maquinaria provincial. A esta traba se añade la exigencia formal formulada por las autoridades nacionales de exigir el desistimiento de amparos judiciales que cuentan con sentencia firme en favor de los usuarios.
Frente al congelamiento de los acuerdos de traspaso, la administración provincial puso en marcha un plan de contingencia abastecido por la planta asfáltica situada en la localidad de Allen para efectuar tareas de bacheo de emergencia en los sectores más comprometidos. Paralelamente, se dispuso el despliegue de balanzas móviles para la fiscalización del transporte pesado en los accesos clave. No obstante, desde el Ministerio de Obras Públicas recalcaron que estas medidas paliativas no reemplazan la necesidad de una reconstrucción integral de la calzada.
Para conocer más sobre este tema, puedes ver este análisis detallado sobre el estado de la Ruta 22. Este video es relevante porque profundiza en el impacto que genera el abandono de las rutas nacionales en Río Negro y recoge testimonios clave sobre la problemática.
