El viernes se conoció un fallo fundamental para los trabajadores de seguridad en Río Negro. La Justicia reconoció que el daño psíquico derivado de un hecho de violencia en cumplimiento del deber es tan invalidante como las lesiones físicas, obligando a la aseguradora a otorgar una indemnización acorde.
Emboscada en pleno patrullaje
El violento episodio ocurrió en las inmediaciones del supermercado Chango Más, en el barrio Santa Clara de Viedma. Mientras la agente realizaba sus tareas de prevención al anochecer, fue abordada por dos delincuentes armados:
- Violencia física: Al negarse a entregar sus pertenencias, fue golpeada, arrojada al suelo y arrastrada varios metros.
- Robo del arma: Los atacantes lograron quitarle su arma reglamentaria antes de darse a la fuga.
- Lesiones: Sufrió heridas en mano, codo y rodilla, pero el daño más profundo fue el invisible.
La batalla contra la ART y la comisión médica
Tras el ataque, la ART brindó asistencia inicial, pero luego otorgó el alta médica. La Comisión Médica N° 18 de Viedma determinó apenas un 6% de incapacidad, una cifra que la trabajadora consideró insuficiente dado que su estado emocional le impedía retomar sus funciones habituales.
Durante el juicio, una pericia médica especializada fue contundente:
- Diagnóstico: Estrés postraumático crónico con síntomas de hipervigilancia, ansiedad y trastornos del sueño.
- Incompatibilidad laboral: El deterioro funcional de la agente la vuelve incompatible con tareas operativas, especialmente aquellas que implican portación de armas o situaciones de riesgo.
El fallo: 28% de incapacidad y $4.000.000
Los jueces de la Cámara Laboral de Viedma rechazaron la defensa de la aseguradora y validaron la pericia judicial:
“El daño psíquico acreditado afecta de manera significativa la capacidad laboral de la trabajadora y no puede ser minimizado por el solo dictamen administrativo previo”, sostuvieron los magistrados.
Finalmente, el tribunal fijó la incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva en un 28% y condenó a la ART a abonar 4 millones de pesos en concepto de indemnización, reconociendo que el hecho ocurrió íntegramente dentro del riesgo laboral de la función policial.
