La iniciativa que cuenta con el aval de la Casa Rosada y que servirá de base para la discusión es la presentada a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, bajo el título de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”.
Este proyecto se enfoca principalmente en ofrecer incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para la contratación de personal, funcionando como una suerte de «RIGI para inversores más modestos». En lo estrictamente laboral, la propuesta de Diez incluye:
- Fragmentación del período de vacaciones.
- Implementación de sistemas de banco de horas y otros esquemas flexibles mediante convenios colectivos.
- Definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente.
Sin embargo, la propuesta también reproduce algunos de los puntos más controvertidos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, cuyo capítulo laboral fue suspendido por la justicia y está pendiente de definición en la Corte Suprema.
Críticas a la CGT
Entre los puntos del proyecto que generan mayor controversia se encuentran:
- Ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas.
- Posibilidad de pagar una parte del salario en «ticket canasta o restaurant», una modalidad ya objetada por fallos de la Corte.
- Autorización para que los empresarios paguen indemnizaciones o multas provenientes de litigios judiciales en hasta 12 cuotas.
Además de la propuesta de Diez, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, manifestó la intención del Gobierno de avanzar sobre los convenios colectivos para revisar la obligatoriedad de los aportes y el concepto de ultraactividad (que mantiene vigente un convenio si no se negocia uno nuevo). Cordero también aspira a modificar la negociación salarial, buscando que las paritarias se discutan por productividad y por empresa, un concepto que remite a la política laboral de los años 90.
La estrategia de Milei es utilizar el proyecto de Diez como punto de partida y añadirle las sugerencias que surjan del Consejo de Mayo, donde la CGT tiene un representante (Gerardo Martínez). Sin embargo, Martínez ya expresó el «contundente y categórico rechazo» de la central obrera. El jefe de la Uocra afirmó que la «pretendida reforma laboral… no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral».
Para el Gobierno, esta modernización laboral es un paso crucial para incorporar a la formalidad a cerca de 8 millones de trabajadores que hoy están en la economía informal, una meta que ve como indispensable antes de abordar la reforma tributaria.
