Adrián Antolini tiene 55 años y atraviesa una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta de manera severa su movilidad, su postura y su autonomía. Su neurólogo indicó en septiembre de 2025 la necesidad de una silla de ruedas postural. Con el avance de la ELA, el pedido fue reforzado con nuevos informes médicos que detallaron que una silla común no resulta adecuada para su estado.
La prescripción establece que el equipamiento debe contar con respaldo reclinable, sostén cefálico regulable, apoya pies elevables y desmontables, apoyabrazos regulables y almohadón antiescaras de alta densidad. El objetivo es mejorar la postura, reducir riesgos de lesiones y acompañar el deterioro motor que provoca la enfermedad.
La situación llegó a la Justicia Federal luego de las dificultades para conseguir la prestación a través de OSPRERA. En junio de 2026, el Juzgado Federal de General Roca hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la obra social brindar cobertura del 100% y entregar la silla en un plazo de cinco días. La resolución también incluyó un colchón hospitalario, una grúa de traslado y cuatro sesiones semanales de fonoaudiología. El fallo estableció además una multa de $100.000 por cada día de demora hasta el efectivo cumplimiento de la medida.
Sin embargo, según denunció la familia a TodoRoca, la silla postural todavía no fue entregada. El reclamo cobra mayor urgencia porque la enfermedad continuó avanzando. Un informe médico posterior describe una severa pérdida de movilidad, compromiso de la deglución, episodios diarios de broncoaspiración e inestabilidad postural crítica. El profesional advirtió que el equipamiento resulta indispensable para evitar mayores complicaciones.
Además, este no es el primer conflicto judicial entre Antolini y OSPRERA. En otra causa vinculada con la provisión de medicamentos para tratar la ELA, la Justicia ya había acreditado incumplimientos y demoras de la obra social, aplicando también sanciones económicas. Mientras la enfermedad sigue su curso, la familia continúa reclamando por una prestación que fue indicada por el médico tratante y que ya cuenta con una orden judicial de entrega.
