El proyecto de ley impulsado en la Legislatura rionegrina establece una restricción horaria estricta para los individuos que portan tobilleras o pulseras electrónicas, abarcando tanto a condenados con prisión domiciliaria como a procesados e imputados bajo medidas cautelares. La normativa busca unificar los criterios de control y limitar los márgenes de discrecionalidad judicial, contemplando únicamente las emergencias médicas debidamente acreditadas como motivo válido para salir de los domicilios durante la franja nocturna.
Durante el debate parlamentario, la legisladora Martina Lacour advirtió sobre la brecha existente entre las nuevas exigencias normativas y la capacidad operativa real de los organismos de seguridad. En este sentido, reveló que la provincia cuenta actualmente con 463 personas bajo monitoreo electrónico pero dispone de apenas siete agentes distribuidos en tres turnos para supervisar todo el sistema, lo que puso en duda la eficacia efectiva de los controles vigentes.
Por su parte, el legislador oficialista Facundo López defendió el funcionamiento operativo y señaló que la infraestructura de seguridad provincial recibió inversiones significativas destinadas a modernizar los dispositivos tecnológicos de vigilancia y las cámaras inteligentes. Asimismo, argumentó que el análisis de los registros provistos por las pulseras electrónicas ha aportado datos relevantes para esclarecer investigaciones judiciales complejas en distintas localidades de la provincia.
La iniciativa continuará su tránsito legislativo con el respaldo de los diferentes bloques políticos, que coincidieron en la necesidad de dotar a la justicia de herramientas más firmes frente al delito. Sin embargo, sectores de la oposición insistieron en que la efectividad de la medida dependerá estrictamente del compromiso de los magistrados en su aplicación y del fortalecimiento de los recursos humanos encargados de la supervisión cotidiana.
