El gobierno provincial decidió jugar la carta de la «cláusula gatillo» para intentar surfear la incertidumbre económica de este 2026. En las últimas reuniones de la Mesa de la Función Pública y la paritaria docente, la provincia puso sobre la mesa un esquema de actualización automática que duraría, en principio, hasta septiembre. La fórmula es un mix matemático: se tomará el promedio entre el IPC Nacional y el IPC de Viedma para ajustar los básicos cada dos meses, buscando que el bolsillo estatal no pierda pisada frente a las góndolas.
Sin embargo, no todo es color de rosa en la paritaria. Para el gremio docente UNTER, la propuesta llegó con «letra chica» y un tono de advertencia. El Ejecutivo dejó en claro que el aumento está atado a que las clases se dicten con normalidad; si aparecen medidas de fuerza, el incremento se congela y se aplicarán descuentos por los días no trabajados. Es, en los hechos, una política de «zanahoria y garrote» que busca garantizar los 190 días de clases en un clima que viene caldeado por los reclamos de infraestructura.
Los detalles de la oferta «anti-inflación»:
- Esquema Bimestral: En junio y julio se cobrará el promedio de la inflación de abril y mayo. En agosto y septiembre, lo que dicten los índices de junio y julio.
- Plus para sectores críticos: Se propuso un incremento del 20% para los operadores de la SENAF y para el personal de servicio de apoyo en Educación (PSA).
- Deuda con Salud: Se presentó un cronograma para pagar las recategorizaciones adeudadas a casi 4.000 agentes. Los montos más bajos (hasta $200.000) se liquidarán en una cuota en junio, mientras que las deudas superiores al millón de pesos se estirarán en seis pagos hasta fin de año.
«Queremos dar previsibilidad a las familias, pero el Estado también necesita previsibilidad en los servicios. Si no hay clases, no hay liquidación de aumentos», sentenciaron desde el Ejecutivo provincial.
Un dato que no pasó desapercibido en los pasillos de la Función Pública fue la ausencia de UPCN. Mientras ATE se sentó a discutir los números, el gremio conducido por Scalesi dejó la silla vacía, profundizando la grieta interna entre los sindicatos estatales rionegrinos. Con esta propuesta, el Gobierno intenta cerrar el frente gremial por los próximos cuatro meses, apostando a que la desaceleración de la inflación que vimos en abril (2,6%) ayude a que las arcas provinciales puedan soportar el costo de la masa salarial sin entrar en rojo.
