En el primer Boletín Oficial de 2026, el presidente Javier Milei firmó el DNU 941/2025, una medida de 41 artículos que redefine por completo la estructura, las funciones y el alcance del espionaje y la seguridad en Argentina. La reforma no solo reorganiza las jerarquías, sino que otorga facultades operativas al personal de inteligencia que hasta ahora eran exclusivas de las fuerzas de seguridad.
El nuevo organigrama del espionaje
El sistema se divide ahora en tres pilares fundamentales, bajo la supervisión de un nuevo Subsecretario de Inteligencia, quien tendrá la capacidad de delegar funciones y reemplazar al Secretario en caso de ausencia.
La estructura quedó conformada de la siguiente manera:
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): Recupera su nombre histórico y se mantiene como la cabeza del sistema.
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC): Enfocada en delitos complejos y crimen organizado.
Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto: Encargada de la inteligencia militar y defensa exterior.
La polémica: capacidad de aprehensión
Sin duda, el punto más disruptivo de la reforma es la incorporación del artículo 10 nonies. Este nuevo apartado faculta formalmente al personal de inteligencia para realizar detenciones en contextos específicos:
«El personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas en el marco de actividades de inteligencia, auxilio judicial o en casos de delito en flagrancia«, reza el texto oficial.
Si bien el decreto aclara que los agentes deberán dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes, esta atribución marca un cambio de paradigma en el rol de los espías, quienes tradicionalmente tenían prohibido realizar tareas represivas o de detención directa.
Escudo digital: El Centro Nacional de Ciberseguridad
Como respuesta a las crecientes amenazas informáticas, el DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Sus funciones principales serán:
- Proteger las infraestructuras críticas (redes eléctricas, sistemas de agua, comunicaciones).
- Resguardar los activos digitales estratégicos del Estado.
- Garantizar la seguridad de los sistemas tecnológicos empleados en servicios públicos esenciales.
Impacto y repercusiones
La reforma ya genera debate en el arco político y jurídico. Mientras que desde el Gobierno aseguran que estas modificaciones son necesarias para «repeler acciones que pongan en riesgo la seguridad nacional», sectores de la oposición y organismos de derechos humanos advierten sobre la posible militarización o policialización de la inteligencia civil, señalando que la facultad de aprehender personas podría derivar en abusos si no existen controles parlamentarios estrictos.
