En un contexto donde los tiempos administrativos de Nación parecen correr en una dimensión paralela, el gobierno de Río Negro decidió cortar por lo sano. El programa Incluir Salud, que debería ser el pulmón sanitario para los titulares de pensiones no contributivas, hoy sufre un asma financiero severo: los trámites nacionales promedian los seis meses de demora y los fondos per cápita están congelados desde 2022. En la economía de 2026, esos valores son poco más que un recuerdo simbólico, lo que obligó al Ministerio de Salud provincial a intervenir de forma directa para que 8.423 rionegrinos no se queden sin tratamiento.
La jugada política es clara: priorizar la «gestión territorial» frente al ajuste federal. Aunque se firmó una adenda de trabajo en abril de este año para «reafirmar» el programa, la realidad es que el dinero no llega o llega tarde. Por eso, la Provincia asumió el costo de insumos críticos como:
- Medicamentos específicos para tratamientos crónicos.
- Pañales descartables, un insumo básico pero de alto costo.
- Suministros de emergencia para evitar interrupciones en la red de contención.
«Los beneficiarios forman parte de nuestro sistema público de salud y no pueden quedar rehenes de trámites administrativos que hoy se ven extendidos», dispararon desde el Ministerio de Salud rionegrino.
Es fundamental entender que Incluir Salud no es una obra social, sino un sistema asistencial que depende de la transferencia de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Si Nación no transfiere, el sistema se cae. En áreas sensibles como rehabilitación, centros de día y transporte, la Provincia solo actúa como nexo, ya que los convenios son directos entre prestadores y Nación. Sin embargo, en el mostrador del hospital local, es el Estado provincial el que está poniendo el cuerpo (y los recursos) para que la «motosierra» no termine cortando el hilo por lo más delgado: la salud de las poblaciones más vulnerables.
