El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial destituyó por unanimidad al juez Gustavo Guerra Labayén de la Cámara del Trabajo de Viedma. La decisión se tomó a raíz de un proceso disciplinario que investigó un patrón de incumplimientos reiterados en la emisión de sentencias en los plazos establecidos por ley.
El magistrado también fue inhabilitado por un período de cinco años para ejercer cualquier otro cargo judicial.
El juicio político se centró en hechos ocurridos entre marzo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el que se comprobó que el juez acumuló 25 expedientes con plazos vencidos. De estas, 17 causas correspondían a un «atraso sistemático» en sentencias definitivas, mientras que las ocho restantes derivaron en «pérdida de competencia», una situación que el Consejo calificó como un «quiebre institucional».
Justificaciones rechazadas
Durante el debate, Guerra Labayén reconoció las demoras, pero intentó justificarlas argumentando que buscaba la «calidad técnica y excelencia en las resoluciones». Sin embargo, esta defensa fue desestimada. La sentencia del Consejo dejó claro que «la calidad de los fallos debe ser correlativa a la obligación de dictarlos en tiempo y forma».
La resolución también destacó que el juez no mostró arrepentimiento ni reflexión, sino que, por el contrario, mantuvo su postura de justificar su accionar hasta el final del proceso. Para el Consejo, esto demuestra que el magistrado ha perdido la idoneidad necesaria para su cargo.
Impacto en la sociedad
El Consejo de la Magistratura subrayó que el «entramado de exigencias constitucionales, legales y reglamentarias ha sido ignorado», lo que generó una grave pérdida de confianza en el Poder Judicial.
Se enfatizó que las demoras afectaron directamente a los derechos de los trabajadores, ya que las causas laborales tienen un carácter alimentario y su retraso prolongado vulnera derechos fundamentales y afecta sus condiciones de vida. La resolución remarcó que la «celeridad del proceso es un aspecto fundamental del derecho a la jurisdicción».
El órgano disciplinario concluyó que la persistencia de la conducta, sumada a la falta de arrepentimiento, justifican la sanción. Por todo ello, se resolvió la destitución de Guerra Labayén y su inhabilitación por cinco años.
El Consejo fue presidido por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado, y contó con la participación de legisladores, jueces y representantes del Colegio de la Abogacía. La acusación estuvo a cargo del Procurador Jorge Crespo y la defensa, del abogado Fernando Chironi.
