Denuncia por hostigamiento y estrategia de la defensa
En el marco de la causa que investiga el femicidio de la modelo e influencer Agostina Jalabert, la defensa de Juan Manuel Reverter presentó una denuncia por amenazas, pintadas y agresiones sistemáticas que el acusado y su familia habrían sufrido durante los últimos tres años en Viedma. Los letrados Marcelo Fernández y Roxana Piña aportaron material audiovisual y capturas de redes sociales para respaldar sus dichos, sosteniendo que la presión social obligó a Reverter a trasladarse primero a Buenos Aires y luego a Estados Unidos. Asimismo, argumentaron que su cliente no estuvo prófugo de la justicia mexicana en las etapas iniciales de la causa y remarcaron que la orden de captura internacional se encuentra actualmente suspendida mediante una medida cautelar.
Repudio social y postura de la familia Jalabert
Ante estas presentaciones, la familia de Agostina Jalabert rechazó los planteos defensivos y enmarcó las manifestaciones públicas, marchas y cartelería realizada en la comarca Viedma-Carmen de Patagones como una reacción de repudio social e indignación colectiva frente al caso. Los familiares sostuvieron que las acciones judiciales de la contraparte buscan dilatar el proceso penal y expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el imputado sea deportado a la Argentina en lugar de ser trasladado a Quintana Roo. Para la querella, la única vía válida es que Reverter sea juzgado por el delito de femicidio en el país donde ocurrieron los hechos.
Situación procesal e incertidumbre sobre la extradición
Reverter, de 38 años, permanece bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Washington tras haber sido arrestado en Oregón por vencimiento de su visado estadounidense. Con una audiencia fijada para el 6 de agosto para evaluar su situación de permanencia, su futuro judicial depende de las gestiones entre México y Estados Unidos. De no formalizarse un pedido de extradición o reactivarse la orden de captura internacional por parte de las autoridades mexicanas, el acusado podría ser deportado directamente hacia la Argentina, donde no sopesaría ninguna restricción de libertad de forma inmediata.
