El proceso de ordenamiento del Estado rionegrino sumó un nuevo capítulo con sanciones firmes para agentes que incurrieron en faltas consideradas severas. Según informó la Secretaría de la Función Pública, la Junta de Disciplina dispuso recientemente 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos.
Estas medidas no son hechos aislados, sino que forman parte de una política activa para agilizar expedientes que antes dormían en los cajones. Desde enero de 2024 hasta la fecha, se han tramitado más de 1.200 expedientes, resultando en un balance histórico de 102 cesantías y 6 exoneraciones. El objetivo, según las autoridades, es garantizar que los impuestos de los ciudadanos se traduzcan en servicios eficientes y no en el sostenimiento de empleados que no cumplen con su tarea.
Los motivos: del abandono de cargo al uso indebido de recursos
Las causas que derivaron en las expulsiones más recientes son variadas, pero comparten un denominador común: el impacto directo en la comunidad.
- Abandono de servicio: La mayoría de las cesantías corresponden a agentes que dejaron de asistir a sus puestos de forma prolongada y cortaron todo vínculo con el Estado, incluso tras ser intimados legalmente.
- Negligencia en Salud: Un caso emblemático fue el del responsable de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, quien se ausentaba sistemáticamente de su puesto, impidiendo que los pacientes accedieran a estudios de alta complejidad.
- Maltrato y acoso: Se dictó la cesantía de un agente por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, además de abandonar a personas internadas bajo su cuidado. También hubo suspensiones por presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a colegas.
- Uso indebido de vehículos: Se sancionó a un empleado que utilizó una ambulancia oficial para participar de una manifestación, desviando un recurso crítico de su función esencial.
Es importante destacar que estas sanciones no son decisiones unilaterales ni arbitrarias. Las resoluciones surgen de la Junta de Disciplina, un organismo donde el Poder Ejecutivo convive con representantes de los gremios ATE y UPCN. Allí se evalúan las pruebas recolectadas por instructores sumariantes, garantizando el derecho a defensa de cada trabajador.
Aunque la mayor concentración de sanciones se da en el Ministerio de Salud, por ser la cartera con más empleados y servicios de guardia críticos, el control ha sido transversal, alcanzando dependencias como el IPROSS, SENAF, IPPV y Educación.
«Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema», sentenció Tania Lastra, secretaria de la Función Pública.
