Un padre intentó desligarse de su responsabilidad alimentaria alegando que estaba desempleado y que sufría problemas físicos que le impedían trabajar. También planteó que tenía otros hijos a cargo y ofreció pagar solo $40.000 mensuales. Sin embargo, tanto la jueza de primera instancia como la Cámara de Apelaciones de Bariloche fueron contundentes: la desocupación no anula el deber alimentario.
El tribunal ratificó la sentencia que fijó una cuota equivalente al 35% de todos los ingresos del progenitor, con un piso no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), actualizable automáticamente cada vez que se modifique ese valor. De esta forma, la madre no deberá iniciar nuevos juicios para pedir actualizaciones.
El demandado afirmó que no podía conseguir empleo por una dolencia en la espalda, pero no presentó pruebas médicas serias que acreditaran una incapacidad prolongada. Tampoco demostró voluntad de involucrarse en la crianza ni de mejorar su situación económica. El expediente incluso constató que hasta poco antes había trabajado como remisero y que estaba inscripto como monotributista.
La pericia social confirmó, en cambio, que la madre —portera de escuela pública— sostiene sola a su hija universitaria y a otro hijo menor, con ingresos ajustados, actividades extras y gran parte del dinero destinado a alquiler y educación.
La Cámara subrayó que la obligación alimentaria no depende solo de ingresos reales, sino también de la capacidad económica potencial del padre, que no puede quedar exenta por la falta de voluntad o la informalidad laboral. Además, recordó que la ley reconoce el valor del trabajo doméstico y de cuidado que asume la madre, y que debe ser compensado.
El tribunal confirmó la sentencia inicial y rechazó la apelación del hombre, reafirmando que ni la desocupación ni las excusas personales son motivo válido para incumplir con la obligación alimentaria
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