El diputado nacional rionegrino Sergio Capozzi presentó, junto a su par Alejandra Torres, un proyecto de ley que propone una reforma de fondo del sistema previsional argentino. La iniciativa combina medidas de aplicación inmediata con el diseño de una transformación estructural del régimen jubilatorio, con el objetivo de dar respuesta al escenario que dejó el vencimiento de las moratorias y avanzar, según sus autores, hacia un esquema más equitativo, sostenible y proporcional.
El punto de partida es un diagnóstico crítico. Los impulsores sostienen que, tras el fin de las moratorias, la cantidad de nuevos jubilados «cayó casi a la mitad», no porque haya menos gente en edad de jubilarse, sino porque miles de adultos mayores quedan afuera por no reunir los 30 años de aportes que exige la ley. Al mismo tiempo, Capozzi y Torres remarcan que tampoco creen conveniente reinstalar moratorias permanentes, ya que —afirman— ese mecanismo profundiza el desequilibrio financiero y castiga a quienes aportaron toda su vida. «No buscamos volver a la irresponsabilidad de los parches temporales ni caer en la insensibilidad de ignorar a quienes hoy se quedan sin cobertura», señalan en los fundamentos.
En el terreno concreto, el proyecto elimina el requisito de un mínimo de 30 años de servicios: toda persona que alcance la edad jubilatoria tendría derecho a una prestación, y cada año aportado sería reconocido en el cálculo. Además, cambia la forma de determinar el haber inicial, que pasaría a contemplar toda la historia laboral del trabajador y no solo los últimos años. También rediseña la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): funcionaría como piso garantizado, quedaría atada al Salario Mínimo, Vital y Móvil, sumaría incrementos según los meses aportados y eliminaría la prohibición de trabajar mientras se cobra el beneficio. A eso se agrega el cómputo de un año de aportes por cada hijo nacido con vida para todas las mujeres, hayan cobrado o no la AUH.
El segundo capítulo apunta a la reforma estructural. El texto crea un Grupo de Expertos Previsionales (GEP), integrado por hasta diez especialistas ad honorem, que deberá elaborar en un plazo de seis meses —prorrogable por tres— un proyecto de ordenamiento integral del sistema. La propuesta plantea organizar el régimen sobre tres pilares (uno solidario, uno proporcional y uno de ahorro voluntario), unificar regímenes respetando derechos adquiridos y actualizar de forma periódica los parámetros según la dinámica demográfica. «Es hora de terminar con los parches y comenzar a construir un sistema previsional previsible, equitativo y sustentable», cierran los autores.
