En una maniobra inesperada este martes 10 de febrero de 2026, el Gobierno decidió retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había ingresado apenas 24 horas antes. La decisión responde a la necesidad de subsanar lo que desde el bloque oficialista calificaron como una «desinteligencia»: el documento enviado fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años, mientras que el acuerdo político previo con los bloques dialoguistas estipulaba el piso en los 14 años. Pese a este movimiento administrativo, el cronograma legislativo se mantiene firme para avanzar con el debate esta misma semana en la ciudad de Buenos Aires.
La hoja de ruta oficial iniciará hoy con la conformación de las comisiones de trabajo. A las 10:00 se constituirá la de Familias, Niñez y Juventudes, bajo la presidencia de la diputada de Salta, María Gabriela Flores. Una hora después, se formalizará la de Justicia, que será encabezada por el representante de Corrientes, Lisandro Almirón. El esquema de trabajo continuará el miércoles a las 11:00 con un plenario de comisiones que incluirá también a Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, donde se buscará emitir el dictamen que habilite el tratamiento en el recinto previsto para el próximo jueves.
Además de la modificación en la edad, la nueva redacción ratifica partidas presupuestarias clave para garantizar la operatividad de la norma. Se prevé la asignación de más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y una suma superior a los 3 mil millones de pesos destinada al Ministerio de Justicia. Estos fondos buscan asegurar que el Estado cuente con los recursos necesarios para la implementación efectiva del nuevo sistema de justicia juvenil en todo el territorio de la República Argentina.
