A partir de hoy comenzó a regir formalmente en todo el territorio nacional la Ley 27.801, marco normativo que instaura el nuevo Régimen Penal Juvenil. La modificación estructural más trascendente de la norma radica en la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal, que baja de los 16 a los 14 años, permitiendo que los adolescentes de esa franja etaria sean procesados y juzgados por la comisión de delitos contemplados en el Código Penal.
La entrada en vigor de esta legislación implica la derogación definitiva del régimen instaurado en 1980, adecuado a otra época institucional del país. Bajo el nuevo esquema, la ley inhabilita la aplicación de penas de prisión o reclusión perpetua para menores, fijando un tope punitivo máximo de quince años de encierro efectivo, aún en aquellos escenarios donde concurran diversos hechos delictivos.
El articulado dispone que la privación de la libertad en establecimientos especializados operará únicamente como una medida de última ratio, reservada para situaciones de extrema gravedad. En contraposición, para infracciones de menor entidad, los tribunales deberán priorizar mecanismos de sanción alternativos, entre los que se cuentan las tareas comunitarias, las amonestaciones, la reparación económica del daño provocado y el monitoreo mediante dispositivos electrónicos.
La implementación del sistema no está exenta de reparos en el ámbito de los tribunales. Diversos magistrados del fuero penal manifestaron sus reservas respecto de la viabilidad operativa inmediata de la norma, al remarcar la escasez de infraestructura adecuada, la necesidad de un mayor presupuesto y la urgencia de contar con personal técnico especializado y insumos de control para efectivizar los nuevos procesos.
