La flexibilización de la barrera sanitaria dispuesta por el SENASA ya genera consecuencias para el sector productivo de la Patagonia. A la reciente prohibición de Chile para importar carne con hueso y reproductores desde la región, ahora se suma el reclamo del sector ovino, que denuncia graves perjuicios derivados de la medida.
Juan Luis Uccelli, director ejecutivo de la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia (CAFROPAT), advirtió que esta situación fue anticipada desde el inicio. Según explicó, la Resolución 180/25 —que en principio sería temporal— fue extendida hasta el 9 de agosto, aunque luego SENASA emitió la Resolución 460/25 afirmando que tanto Chile como la Unión Europea habían respondido favorablemente. Pero la realidad fue distinta.
Uccelli sostuvo que nunca recibieron pruebas oficiales de esos avales y que, por el contrario, Chile ratificó su negativa a la importación de carne ovina, salvo animales que ya estaban en cuarentena antes del cambio normativo. “Tardaron 22 días en comunicar una respuesta que ya se conocía desde junio”, cuestionó.
Las consecuencias económicas podrían ser muy severas. Solo en carne ovina, la región exporta más de 4.000 toneladas al año —cerca de medio millón de dólares en divisas— y pierde el diferencial de un producto con prestigio internacional como el cordero patagónico. Además, si se caen otros mercados exigentes como la Unión Europea o Japón, el impacto en precios internos y en el ingreso de los productores será inevitable.
La situación compromete también la producción de lana, que representa el 30% del ingreso de los criadores. Si los productores abandonan la actividad, se derrumba otra fuente clave de exportación. Uccelli estimó que unas 800.000 personas en la Patagonia dependen, directa o indirectamente, del sector ovino.
Aunque evitó hablar de culpables, el referente del sector fue contundente al señalar responsabilidades estatales: “SENASA, Agricultura y Economía estaban al tanto y no actuaron con previsión”. También criticó la velocidad con la que se aprobó la resolución definitiva: “No se esperó el plazo completo, hubo un apuro difícil de entender”.
Finalmente, alertó sobre los riesgos sanitarios de fondo: “¿Qué va a pasar si hay un brote de aftosa en zonas limítrofes? Esta decisión puede salir mucho más cara de lo que se cree”.
