El gobierno nacional, mediante la Procuración del Tesoro, presentó este jueves un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. La medida busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa, sin transitar instancias previas, para dejar sin efecto la medida cautelar que mantiene suspendidos diversos artículos de la reforma laboral contemplada en la Ley 27.802.
El planteo del cuerpo de abogados del Estado cuestiona formalmente el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que el pasado 30 de marzo frenó la aplicación de 83 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral. La presentación, realizada en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, solicita que se declare admisible el recurso y se resuelva la cuestión de fondo de manera definitiva.
En sus argumentos, el Ejecutivo sostiene que la sentencia de primera instancia debe ser revocada por haber sido dictada por un juez incompetente. Además, la Procuración señaló que, desde su perspectiva, no existe un caso judicial válido ni legitimación activa colectiva por parte de quienes impulsaron la demanda, cuestionando directamente la validez del reclamo presentado por la central obrera.
El conflicto judicial se originó a partir de una acción promovida por la CGT, organización que demandó la inconstitucionalidad de la norma por considerar que los cambios introducidos vulneran derechos fundamentales. Según la central sindical, la reforma afecta la protección del trabajo, la libertad sindical y el principio de progresividad de los derechos sociales, argumentos que ahora deberán ser analizados por la Corte Suprema.
