El Gobierno nacional, a través de una auditoría integral realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —organismo dependiente del Ministerio de Salud—, dispuso la suspensión o eliminación de 80.080 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
La revisión, que abarcó a más de un millón de beneficiarios, fue realizada por personal de la ANDIS y médicos del PAMI. Según informaron fuentes oficiales, esta medida representará un ahorro mensual superior a los $23.000 millones.
Entre las causas de baja de las pensiones se detallan:
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65.230 casos por inasistencia injustificada a controles médicos obligatorios.
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6.643 pensiones pertenecían a personas fallecidas.
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8.207 beneficiarios renunciaron voluntariamente al ser notificados del proceso de auditoría.
Desde el Gobierno, Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, sostuvo que el objetivo no es un ajuste, sino un proceso de depuración del sistema:
“Vamos a sostener las pensiones de quienes realmente las necesitan, pero no vamos a seguir financiando la corrupción kirchnerista”, afirmó.
La auditoría aún no concluyó y podría alcanzar más de 250.000 casos analizados en total una vez finalizada.
