El anuncio del pase a planta permanente de más de 4.200 trabajadores contratados por el Poder Ejecutivo de Río Negro reabrió un profundo debate político y estructural sobre el modelo estatal de la provincia. En una extensa e intensa entrevista brindada al programa conducido por Gonzalo Santos en LUVER (FM De la Costa), el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, defendió con vehemencia el histórico acuerdo alcanzado con la administración de Alberto Weretilneck, contraponiendo la legitimidad de la estabilidad laboral frente a los cuestionamientos técnicos que señalan un presunto sobredimensionamiento de la estructura pública rionegrina.
La conversación en el aire de LUVER estuvo atravesada por una marcada tensión conceptual. Desde la conducción del espacio se introdujeron datos duros elaborados por el Laboratorio 2920, los cuales exponen que Río Negro posee actualmente el séptimo Estado más denso del país en relación a su población, sumado a que más del 60% de ese empleo concentrado se ubica en ramas consideradas de baja productividad. Frente a este diagnóstico de un Estado «pesado», Aguiar optó por una analogía futbolística para dimensionar el logro gremial:
“El pase a planta se anunció el lunes: ese mismo día a la tarde gritamos dos goles de Messi, pero a la mañana ATE metió un golazo de media cancha en la provincia”.
El titular del sindicato de los estatales argumentó que la medida viene a subsanar una alarmante situación de precarización, revelando que muchos de los agentes estatales ya no contaban con contratos anuales, sino con renovaciones trimestrales. “Imagínense no saber si a fin de mes sigo teniendo o no sigo teniendo trabajo”, interpeló el dirigente en LUVER, catalogando estas modalidades de contratación temporales como parte de un esquema de “fraude laboral” generalizado que afecta tanto a la Nación como a las provincias y municipios.
Uno de los tramos más agudos del reportaje emitido por LUVER giró en torno al giro político del gobernador Alberto Weretilneck, quien en 2023 se había opuesto tajantemente al pase a planta masivo promovido por su antecesora, Arabela Carreras, y que hoy impulsa un proceso idéntico. Si bien Aguiar reconoció que aquella marcha atrás representó “una frustración muy grande” para el sindicato, no esquivó la repregunta sobre el oportunismo político y los tiempos de la negociación con la patronal estatal:
“Muchas veces me habrán escuchado decir que el mejor momento para los sindicalistas con los patrones son los años electorales. Es cuando más conquistas podemos arrancar. Nadie lo va a esconder”.
Ante la insistencia de los entrevistadores respecto a si el Estado rionegrino adolece de fallas estructurales y de eficiencia, el dirigente nacional de ATE se mantuvo firme en su postura de resguardo a la base trabajadora. Aguiar sentenció que “no se puede pensar en un Estado eficiente con trabajadoras y trabajadores precarizados”, ligando de forma directa la estabilidad laboral con la mejora en la calidad de las prestaciones que recibe el ciudadano.
Hacia el final de la comunicación con LUVER, Rodolfo Aguiar ensayó una mirada retrospectiva sobre la evolución del gremio en el territorio rionegrino para poner en perspectiva el actual escenario de fortaleza sindical:
“Me tocó asumir como secretario general en la provincia el mismo día que se votaba una ley de disponibilidad. Tengo la obligación de mirar la película completa. Esa película muestra que este sindicato tuvo la pericia de pasar de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad del empleo público quince años después”.
La entrevista dejó planteado un interrogante de fondo que excede la lógica de las paritarias sectoriales. Mientras que para el arco sindical el pase a planta representa un acto de justicia social y constitucional indiscutible, para los analistas de LUVER y el Laboratorio 2920 la discusión de fondo radica en determinar si el modelo de Estado edificado en Río Negro funciona verdaderamente como un motor de desarrollo productivo genuino o si, por el contrario, opera como una macroestructura diseñada para administrar la dependencia política en una economía privada debilitada.
