La forma en que se remunera a los profesionales que defienden los intereses patrimoniales de la provincia ingresó en una profunda revisión legislativa. El diputado provincial Luciano Delgado Sempé presentó un proyecto de ley de alto impacto institucional que busca prohibir de forma expresa que el Fiscal de Estado y todo el cuerpo de abogados dependientes de la Fiscalía de Estado de Río Negro perciban honorarios profesionales en los juicios donde actúen en representación del sector público. El planteo apunta de lleno contra el actual esquema que permite la acumulación de ingresos privados derivados de las costas procesales.
La iniciativa cobró impulso inmediato tras ventilarse las cifras de una reciente regulación judicial en el marco de una serie de causas vinculadas a la obra social provincial IPROSS. En dicho expediente, los magistrados regularon honorarios a favor de los representantes estatales por un total de $124.485.000, suma desglosada en un capital de 1.200 Jus ($99.588.000) más un adicional por ley del 25% ($24.897.000). Si bien el parlamentario aclaró que estas abultadas sumas no son costeadas con las arcas del tesoro provincial, sino por las contrapartes condenadas en costas, centró su crítica en la superposición de beneficios que gozan estos funcionarios.
«El problema es la doble percepción por una misma función. Los abogados de la Fiscalía de Estado ya cobran un sueldo y aguinaldo para representar a la Provincia. Por eso entendemos que no corresponde que además perciban honorarios profesionales, cualquiera sea el origen de esos fondos».
Al fundamentar su propuesta, Delgado Sempé citó antecedentes de otras jurisdicciones argentinas que aplican criterios de mayor transparencia y separación de roles. Mencionó que tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conviven dos esquemas transparentes y diferenciados: por una parte, los letrados asesores y dictaminantes que perciben un salario fijo como empleados públicos; y por la otra, los abogados puramente litigantes que no cobran haberes del Estado y cuya única retribución proviene exclusivamente de lo que ganan en concepto de honorarios en los litigios. Para el autor del proyecto, el solapamiento rionegrino carece de toda lógica y razonabilidad.
El proyecto de reforma contempla la modificación directa de la Ley Provincial K Nº 88 y de la Ley Provincial O Nº 3550, introduciendo un candado legal que vete cualquier tipo de cobro extra proveniente de condenas en costas, transacciones judiciales o acuerdos extrajudiciales. El representante legislativo concluyó su argumentación endureciendo el tono contra la corporación judicial-estatal, enmarcando la iniciativa en la necesidad de avanzar en un plan de austeridad que termine con las asimetrías salariales dentro de la administración pública rionegrina.
«Nuestro proyecto busca fortalecer la transparencia y terminar con los privilegios dentro del Estado. La defensa jurídica de la Provincia es una función pública y debe ser remunerada exclusivamente a través del salario previsto por la ley. No podemos permitir que funcionarios se vuelvan millonarios haciendo demandas por las que ya cobran sueldos y aguinaldo».
