El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, dictaminó que la presentación judicial promovida por el intendente de Allen debe ser tramitada como un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante de esa localidad. A través del Dictamen N.º 98/26, el titular del Ministerio Público sostuvo que le corresponde al Superior Tribunal de Justicia intervenir para dirimir el grave enfrentamiento institucional desencadenado en el municipio valletano.
La controversia tiene su origen en la demanda presentada el pasado 13 de julio por el jefe comunal, quien recurrió a la Justicia tras considerar que el cuerpo deliberativo se excedió en sus atribuciones al suspenderlo en el ejercicio de sus funciones. El intendente solicitó la nulidad absoluta de la Ordenanza N.º 44/2026, sancionada en sesión extraordinaria el 8 de julio, mediante la cual el Concejo dispuso su apartamiento preventivo y sin goce de haberes hasta tanto recaiga una sentencia definitiva en un legajo penal en su contra, nombrando en su lugar al presidente de dicho cuerpo.
En su análisis, Crespo fundamentó que el eje central del caso consiste en dilucidar si existió una invasión de competencias propias del Ejecutivo por parte del Legislativo local. Asimismo, el Procurador aclaró que la habilitación de esta vía ante el STJ no obstaculiza el correspondiente control de constitucionalidad sobre las normas impugnadas, recordando que el sistema rionegrino es mixto y obliga a cualquier magistrado a velar por el ajuste de las ordenanzas a la Carta Magna provincial.
Con este dictamen técnico, respaldado en antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la jurisprudencia provincial, la definición de la crisis institucional de Allen queda formalmente en manos de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, quienes deberán resolver sobre la validez de la suspensión decretada y la restitución o no del intendente a su cargo.
