El Consejo de la Magistratura de Río Negro inició hoy el juicio político contra el camarista laboral de Viedma, Gustavo Guerra Labayen, acusado de mal desempeño de sus funciones por demoras en la resolución de sentencias. La investigación preliminar se centró en 25 casos en los que el juez no cumplió con los plazos legales para expedirse.
El Procurador General, Jorge Crespo, asumió el rol acusatorio. Durante la audiencia, Crespo acusó al magistrado de haber incumplido la ley en 25 sentencias definitivas de la Cámara Laboral de Viedma, y de haber perdido la jurisdicción en 8 de ellas por el vencimiento de los plazos.
Crespo afirmó que la actitud del juez demostró una «insuficiente actividad, falta de empeño, desgano, indiferencia, insensibilidad y una actitud pasiva, impropia de un funcionario». Además, subrayó que las demoras no solo perjudicaron a los justiciables, sino que también expusieron una «imagen disvaliosa del Poder Judicial ante la sociedad».
En el primer día del debate, declararon 15 testigos, entre magistrados, funcionarios y abogados. El juicio finalizará mañana a las 9:30 con los alegatos de las partes.
