Sin el respaldo del Concejo Deliberante, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, decidió convocar por decreto a un referéndum para el 9 de noviembre, en el que la ciudadanía deberá responder diez preguntas sobre temas sensibles de su gestión. La medida, inédita por su formato y contenido, generó una fuerte reacción política y jurídica.
La resolución fue firmada el 14 de julio, amparándose en el artículo 163 de la Carta Orgánica. Pero su interpretación divide aguas: mientras Cortés sostiene que puede hacerlo sin intervención del Concejo, la historia institucional y buena parte de la oposición aseguran que se trata de una decisión conjunta del “gobierno municipal” que exige aval legislativo.
Los temas que irán a consulta son diversos, pero todos controvertidos: el pago de la ecotasa (declarada inconstitucional por la Corte Suprema en su versión anterior), la habilitación de Uber, la cesión de un inmueble, la explotación turística de Isla Huemul, la ampliación de la emergencia habitacional y la financiación de licencias gremiales, entre otros.
Para la oposición, el referéndum no busca ampliar la participación ciudadana sino esquivar el debate legislativo. Acusan al intendente de usar este mecanismo como herramienta política para avanzar con proyectos que no pudo consensuar. Varios de ellos, incluso, ya tienen aprobación presupuestaria, como el natatorio olímpico o el plan de asfalto.
El propio diseño del referéndum genera cuestionamientos. La boleta única incluirá diez preguntas que deben ser respondidas con «sí» o «no», lo que plantea desafíos informativos y operativos. Aunque Cortés prometió subir los fundamentos al sitio de “Gobierno Abierto”, no existe aún un plan claro para garantizar el acceso equitativo a esa información.
Uno de los puntos más polémicos es la extensión del régimen de emergencia habitacional hasta 2027. De los 2.000 lotes prometidos por el municipio, apenas se concretaron 304, y ninguno fue entregado a familias. Además, el Instituto de Tierras arrastra auditorías con denuncias por pagos irregulares.
La medida también contempla sanciones: quienes no participen del referéndum deberán pagar una multa equivalente al valor de una bolsa de cemento. Aunque tiene marco legal, la aplicación real de esta penalidad está sujeta a la fiscalización del municipio.
Desde el gremio SOYEM rechazan el referéndum por considerarlo ilegal y discriminatorio. Cuestionan que se invoquen ordenanzas derogadas y normas que no aplican a municipios con Carta Orgánica propia. También advierten que se pretende someter a consulta ciudadana asuntos que requieren tratamiento legislativo.
El concejal Leandro Costa Brutten fue tajante: “El intendente quiere gobernar sin controles y sin respetar la ley”. Anunció que judicializarán la convocatoria ante el Superior Tribunal de Justicia, acusando a Cortés de intentar quedarse con facultades que le corresponden al Concejo.
Cortés enfrenta un clima adverso. Su gestión está bajo la lupa por presuntas irregularidades en contratos, acusaciones de nepotismo y una creciente tensión con distintos sectores políticos, gremiales y sociales. Con dos años de mandato por delante, su apuesta por el referéndum parece más una señal de aislamiento que de fortaleza política.
