Mientras la Municipalidad, bajo la gestión de la intendenta María Emilia Soria, difunde en redes sociales el avance de los trabajos con consignas como “seguimos impulsando obras”, en los comentarios aparece otra versión del mismo proceso: el asfalto se paga con plata de los vecinos.
Tal como adelantó TodoRoca, el esquema de financiamiento establece que los frentistas deben afrontar cuotas de hasta 500.000 pesos mensuales durante cuatro años, lo que eleva el costo total a unos 24 millones de pesos por el frente de un terreno promedio. A ese monto se suma un cargo que alcanza a todos los contribuyentes de la ciudad, ya que el 50% del costo del asfalto en calles troncales, como la avenida Güemes, se distribuye entre la totalidad de los vecinos, con cuotas que rondan los 40.000 pesos mensuales.
En el barrio Quintu Panal, un conflicto que TodoRoca ya había cubierto meses atrás, los frentistas denunciaron no solo los montos exigidos, sino también la falta de una consulta válida. Según relataron entonces, las notificaciones municipales llegaron cuando la obra ya estaba en marcha, y pese a la recolección de firmas y los reclamos formales, el asfalto avanzó igual.
Luego del paso de las máquinas, un vecino fue claro al marcar el límite del reclamo: celebró la mejora de la calle, aclaró que fue pagada por los frentistas, y pidió que no se realicen inauguraciones ni actos políticos por una obra financiada con esfuerzo vecinal.
El conflicto incluso llegó a la Justicia. Un grupo de vecinos presentó un recurso de amparo, pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó por considerar que la presentación fue realizada fuera de término. La ordenanza que aprobó el plan de asfalto, valuado en 1.500 millones de pesos, fue promulgada el 27 de diciembre de 2024, mientras que la demanda ingresó el 11 de noviembre de 2025, superando el plazo legal de 30 días hábiles para cuestionar la normativa.
La resistencia vecinal también quedó expuesta en el barrio Unter. Durante la apertura del registro de oposición, 208 frentistas manifestaron que no podían afrontar las cuotas previstas, frente a 113 vecinos que sí acompañaron la propuesta municipal.
El reclamo, que TodoRoca viene siguiendo desde sus primeras manifestaciones, no apunta contra el asfalto como obra pública, sino contra la falta de consulta, los valores exigidos y el uso político posterior de obras financiadas por los propios vecinos. Una consigna que debe repetirse hasta el hartazgo: asfalto sí, propaganda no.
