La necesidad de mantener la operatividad del servicio frente a la escalada de costos operativos obligó al Gobierno Provincial a tomar una decisión rápida sobre las tarifas de agua y cloacas. A través de una autorización transitoria, se estableció un incremento del 14% que busca actuar como un «puente» financiero para ARSA. Según explicaron desde el organismo, este ajuste busca cubrir el desfasaje en los precios de insumos críticos para la potabilización, como los productos químicos y el costo de la energía eléctrica, que han mostrado fuertes variaciones en lo que va del 2026. Esta suba se aplica sobre los valores actuales y es apenas el primer paso de un plan de recomposición mayor.
Sin embargo, este porcentaje es solo la antesala de lo que la empresa estatal considera una actualización necesaria para salir del «rezago tarifario». El pedido de fondo realizado por Aguas Rionegrinas apunta a un incremento total del 30%, lo que significaría que, tras este primer salto del 14%, restaría aplicar un ajuste adicional en el corto plazo. Desde la compañía defendieron la medida asegurando que, incluso con estos aumentos, el canon que pagan los rionegrinos sigue siendo uno de los más bajos de toda la Patagonia, aunque reconocen que el impacto en el bolsillo de los usuarios será inevitable hacia el final del verano.
Para garantizar la transparencia del proceso, el DPA ha habilitado formalmente un periodo de consulta pública que se extiende por 15 días corridos. Durante este plazo, tanto los usuarios particulares como las asociaciones de consumidores y las Defensorías del Pueblo tienen la posibilidad de revisar el expediente técnico y presentar impugnaciones u observaciones sobre el nuevo cuadro tarifario. Este mecanismo es el que definirá si el pedido del 30% total queda firme o si sufre modificaciones antes de su implementación definitiva, la cual se proyecta para las facturas que lleguen a los domicilios en el mes de marzo.
Si el proceso administrativo avanza según lo previsto y no surgen frenos judiciales, el impacto real en la economía doméstica ya tiene cifras estimadas. Se calcula que un usuario con factura mínima podría enfrentar un cargo extra de hasta $3.700 mensuales una vez que el esquema completo entre en vigencia. Mientras se resuelve la discusión de fondo, el aumento del 14% ya es una realidad que los vecinos verán reflejada en sus próximos vencimientos, marcando un inicio de año donde los servicios públicos vuelven a presionar sobre el presupuesto de las familias rionegrinas.
