La Policía de Río Negro se encuentra en la antesala de un cambio significativo en sus herramientas de intervención en la vía pública. Tras aprobarse en primera vuelta el proyecto que regula el uso de armas menos letales, la provincia busca dotar a sus fuerzas de seguridad de dispositivos intermedios, como las pistolas Taser o agentes irritantes, para abordar situaciones de riesgo sin necesidad de recurrir de primera mano al uso de armas de fuego. Al tratarse de una iniciativa que no emanó directamente del Poder Ejecutivo, el texto requiere cumplir con el paso parlamentario correspondiente para transformarse formalmente en ley de la provincia.
En declaraciones brindadas a FM La Costa, la legisladora y autora de la propuesta, Yolanda Mansilla, confirmó el cronograma legislativo y precisó que la norma ya cuenta con la aprobación por mayoría en la primera instancia. La parlamentaria anticipó que el debate definitivo se llevará a cabo en el recinto durante la sesión programada para el próximo 4 de junio, donde se tratará la segunda vuelta. De recibir el visto bueno definitivo de los legisladores, el Gobierno provincial quedará habilitado para iniciar el proceso administrativo de adquisición del equipamiento y el diseño de los protocolos de actuación.
Uno de los puntos más rigurosos de la normativa radica en quiénes y cómo podrán portar este tipo de armamento. Mansilla aclaró en FM La Costa que la distribución de estos dispositivos no será masiva ni alcanzará a la totalidad de los agentes que patrullan las calles cotidianamente. Por el contrario, la aplicación inicial estará estrictamente reservada para el personal entrenado que integra el cuerpo especial COER y la brigada motorizada, sectores que habitualmente intervienen en escenarios de crisis, disturbios o persecuciones rápidas.
Para garantizar un uso correcto y evitar abusos de autoridad, la ley establece la obligatoriedad de que cada efectivo reciba una formación profesional específica y certificada por instructores calificados, sumado a la creación de un registro de capacitación periódica.
Asimismo, el proyecto introduce una fuerte medida de transparencia institucional: la utilización de estas armas deberá estar respaldada de forma obligatoria por un procedimiento de registro fílmico continuo, ya sea mediante audio o video. De este modo, ante cualquier sospecha de mal uso o exceso en el ejercicio de la fuerza, existirá una prueba material verificable para evaluar el proceder del agente. Según explicó la autora de la iniciativa, esta tecnología no solo busca proteger a los ciudadanos, sino también blindar jurídicamente la actuación legítima de los policías, ayudándolos a diferenciar qué herramienta utilizar de acuerdo a la gravedad de la situación que se intenta prevenir.
