Buenos Aires. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) estaría trabajando para sumar apoyos de senadores del PRO, de al menos parte de la UCR y de fuerzas provinciales para asegurar el ingreso de la rionegrina Lorena Villaverde al Senado.
La información se difunde a pocos días de la votación en el recinto, prevista para este viernes 28. Una de las principales operadoras a favor de Villaverde es Patricia Bullrich, quien asumirá como senadora y será la jefa del bloque de LLA.
El dictamen no vinculante y la defensa de LLA
La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales había emitido un dictamen de rechazo al pliego de Villaverde. No obstante, esa decisión no es vinculante, y la definición final será tomada por el pleno del recinto.
La bancada de LLA argumenta a su favor: «No tiene ninguna condena ni causa abierta. La causa de los Estados Unidos se anuló y el fiscal desistió». Sin embargo, en off the record admitieron que «Lo mejor hubiera sido no tenerla», en referencia al costo político.
El reglamento del Senado permite que los senadores electos ayuden con el quórum para sesionar y puedan votar los diplomas de los nuevos legisladores, aunque no el propio.
Las graves acusaciones del peronismo
Los únicos que se oponen firmemente al ingreso de Villaverde son los miembros de Unión por la Patria (UP), que contarán con 28 senadores.
El jefe del bloque peronista, José Mayans, cargó duramente contra la senadora electa: “Estados Unidos la detuvo, la expulsó y le prohibió la entrada para siempre a ese país por trabajar en la venta de estupefacientes. Esa persona tenemos claro que ha comprado una banca…».
La senadora de UP, Florencia López, completó la acusación, señalando que existe un «probado vínculo con el narcotráfico» y que Villaverde fue detenida in fraganti en 2002 en Estados Unidos. Además, a Villaverde le endilgan un vínculo con el empresario Fred Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.
El debate legal
En el bloque libertario, se interpreta que «es complicado echar del Senado a alguien sin condena». Señalan que, según la Constitución, para echar a un senador se necesitan dos tercios de los votos (48), lo que impediría a una «mayoría circunstancial» bloquear el ingreso de alguien que es, legalmente, inocente.
