La gestión del intendente de Bariloche, Walter Cortés, enfrenta una creciente presión judicial por denuncias penales que alcanzan a funcionarios actuales y otros ya desplazados del gabinete. En todos los casos, las causas se iniciaron mientras los acusados ya formaban parte de la estructura municipal.
Uno de los episodios más resonantes involucra a Guido Tripolatti, exsubsecretario de Tránsito y Transporte, imputado por abuso de autoridad y amenazas. En su declaración judicial, reconoció haber ordenado irregularidades vinculadas al funcionamiento de Uber, por instrucción directa del intendente.
También está el caso de Gustavo Gaminao, exsubsecretario de Cultura, que irá a juicio en marzo de 2026 por abuso sexual simple contra una menor. La denuncia se presentó en agosto de 2024, cuando Gaminao ya era funcionario. Tras el dictamen del Tribunal de Contralor, fue separado de su cargo.
Otro nombre en la mira es el de Jaime Brecca, actual delegado en la zona de El Cóndor, denunciado por violencia laboral y abuso de autoridad por parte de cuatro trabajadores municipales. Una de las denunciantes también lo acusó de extorsión, luego de recibir presiones para retirar su testimonio a cambio de conservar su empleo.
El último caso involucra a Mauro Hernández, delegado en Lago Moreno, quien enfrentará una audiencia judicial por un episodio ocurrido en su casa, donde un hombre fue herido de bala y golpeado. En el lugar se secuestraron tres armas caseras y se detuvo a tres personas, incluido el propio funcionario. La víctima también tenía una denuncia previa por abuso sexual.
Silencio oficial y tensión política
Pese a la gravedad de las situaciones, el Ejecutivo municipal aún no fijó una posición clara sobre la continuidad de los funcionarios investigados ni respondió públicamente a las denuncias. En paralelo, la Justicia sigue avanzando en causas que podrían derivar en sanciones penales y administrativas con alto costo institucional.
