La sentencia dictada este jueves estableció una pena de tres años de ejecución condicional para Mariela Fernanda Marzano, de 42 años, tras haber reconocido los seis hechos imputados que incluyen ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y uso de documentos públicos falsos. Durante la investigación llevada adelante por la fiscalía federal, se determinó que la mujer presentó en agosto de 2020 un título falso de médica cirujana de la Universidad de Los Andes de Venezuela, junto con una resolución apócrifa de convalidación del Ministerio de Educación de la Nación, logrando así obtener la matrícula provincial 8136 en plena pandemia.
Con dicha habilitación irregular, Marzano se desempeñó como empleada de planta temporal en el área de emergencias del Hospital Francisco López Lima entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022, además de trabajar en la terapia intensiva de la Clínica Roca y del Sanatorio Juan XXIII, percibiendo cifras millonarias por sus servicios. Las pericias y los informes de las universidades confirmaron que la imputada solo cursó hasta tercer año de Medicina en la Universidad Nacional del Comahue y que la documentación presentada pertenecía en realidad a otra persona, lo que derivó en la suspensión de su matrícula a principios de marzo de 2026.
Como parte de las pautas de conducta fijadas por el término de dos años, la condenada deberá mantener domicilio, presentarse semestralmente ante el organismo de control de condenados, abstenerse de consumir estupefacientes y no cometer nuevos delitos. Asimismo, para eximirse de realizar tareas comunitarias, acordó entregar en un plazo de 30 días una notebook nueva y dos pendrives a la División Toxicomanías de la Policía de Río Negro, además de un dron y un disco rígido externo a Gendarmería Nacional.
En paralelo al fallo federal, la Justicia provincial archivó en septiembre las causas vinculadas a la muerte de seis pacientes atendidos por la falsa profesional al no hallar nexo causal determinante en los informes forenses, una decisión que generó el firme rechazo de los familiares de las víctimas. Finalmente, la resolución judicial dispuso el decomiso del instrumental médico secuestrado para ser entregado al hospital público, la destrucción de sellos y recetarios apócrifos, y la restitución del pasaporte a la imputada tras levantarse las restricciones de salida del país.
