Según indicó Villaverde, la ayuda fue otorgada en el marco del programa provincial Hacer Río Negro, destinado a fomentar la sostenibilidad y el empleo. Desde sus redes sociales, la legisladora señaló que “Cristóbal López, uno de los empresarios más beneficiados por la corrupción kirchnerista, y amigo de Weretilneck, hoy vuelve a llenarse los bolsillos, pero esta vez con la plata de los rionegrinos”.
La crítica se centró en la decisión del Ejecutivo provincial de asistir a una empresa privada con fondos estatales, en lugar de auditar o exigir eficiencia operativa. “Esto es otro negocio político para sostener estructuras decadentes de los amigos del poder”, manifestó Villaverde, quien también recordó causas judiciales previas del empresario durante el kirchnerismo.
El subsidio fue oficializado esta semana por decreto, e incluye asistencia técnica, jurídica y económica. La primera cuota fue desembolsada este lunes. De acuerdo a lo informado por el gobierno provincial, ALPAT atraviesa una situación de crisis que pone en riesgo la continuidad operativa de su planta ubicada en San Antonio Oeste, donde se emplean cerca de 500 personas de forma directa.
ALPAT es la única productora de carbonato de sodio de Sudamérica, con una capacidad instalada de 225 mil toneladas anuales. Sus productos abastecen a las industrias del vidrio, jabón en polvo y tratamiento de aguas.
La denuncia se inscribe en un contexto político marcado por una creciente polarización entre La Libertad Avanza y Juntos Somos Río Negro, con vistas a las elecciones legislativas de octubre, donde se renovarán bancas clave en el Congreso Nacional.
La posición del Gobierno de Río Negro
Ante las críticas, el Gobierno de Río Negro defendió la asistencia económica a ALPAT señalando que se trata de una medida excepcional y justificada, enmarcada dentro de la normativa vigente y destinada a preservar el empleo en una región altamente dependiente de la actividad industrial de esa empresa.
La administración provincial explicó que ALPAT genera unos 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la Zona Atlántica rionegrina, y que el subsidio apunta exclusivamente a cubrir parte de los costos en consumo de gas, un insumo que representa aproximadamente el 46% de los costos de producción de la planta.
El Ejecutivo detalló que la ayuda económica asciende a $793.300.000 mensuales y se extenderá de mayo a septiembre. Los fondos provienen del bono por la renegociación de concesiones hidrocarburíferas, autorizados por la Ley 5733, que permite su destino a políticas sociales.
Desde la Secretaría de Trabajo provincial indicaron que el subsidio fue aprobado luego de audiencias con participación de la empresa, los gremios y autoridades provinciales. Como parte del acuerdo, ALPAT deberá presentar un flujo de fondos proyectado para los próximos 12 meses y contará con la presencia de dos veedores: uno de la Secretaría de Trabajo, que supervisará el cumplimiento laboral, y otro contratado por la empresa, para monitorear su situación financiera.
El gobierno provincial también responsabilizó al contexto económico nacional por la situación crítica de la empresa. Según señalaron, el aumento del precio del gas y la apertura de importaciones de productos similares a los que fabrica ALPAT generaron un escenario de emergencia, con riesgo de cese de actividades.
Finalmente, desde el Ejecutivo enfatizaron que la planta de ALPAT “es estratégica no sólo para Río Negro, sino para el país”, al tratarse de la única en su tipo en América Latina y aportar cerca del 50% de la actividad económica de San Antonio Oeste. El objetivo del subsidio, remarcaron, es “asegurar el sustento laboral de las casi mil familias vinculadas a la producción de carbonato de sodio”.
