Lo que primero aparecio como una investigación por fondos de Nación para viviendas sociales se transformó en un laberinto judicial que hoy tiene a varios dirigentes de la política provincial contra las cuerdas. La megacausa «Techo Digno» entró en una fase de definiciones que atraviesa diferentes ciudades, desde la cordillera, pasando por el Alto Valle hasta el Valle Medio, exponiendo un presunto esquema de fraude y peculado que dejó obras inconclusas y millones de pesos bajo sospecha.
La estrategia de la defensa de «ganar por cansancio» sufrió un duro golpe en los tribunales cipoleños. El juez Marcelo Gómez fue tajante al rechazar los pedidos de nulidad y prescripción que buscaban el archivo de la causa.
Para la Justicia, el reloj no se detuvo: el cargo de funcionario público de los imputados —como es el caso de Aníbal Tortoriello— funciona como un interruptor que mantiene vigentes los plazos procesales. Así, tanto él como Abel Baratti y los empresarios Mocciola, Mendiberry y Zoppi, quedan a las puertas del juicio por las irregularidades detectadas entre 2015 y 2016, donde se sospecha que Nación pagó por avances de obra que solo existían en los papeles.
La ciudad andina contiene el aliento a la espera del próximo 30 de marzo. Ese día, el Tribunal definirá el futuro de la exintendenta María Eugenia Martini y su excolaborador Alfredo Milano.
La fiscalía no anduvo con vueltas: denunció un «mecanismo delictivo» donde el Municipio habría cobrado casi el 83% de los contratos de nueve licitaciones mientras los terrenos seguían vacíos. La defensa de la actual legisladora apuesta a una absolución similar a la obtenida por Gustavo Gennuso, argumentando que el dinero se usó para pagar sueldos en medio de una crisis financiera y que nunca hubo intención de robo, sino una administración de emergencia ante la inflación.
En el Valle Medio, la situación de Daniel Belloso escaló un peldaño más hacia el juicio oral. El juez Oscar Gatti ratificó la elevación de la causa por fraude y peculado, lo que motivó a la Fiscalía a solicitar formalmente el desafuero del dirigente peronista ante la Legislatura de Río Negro.
A pesar de la protección que le otorgan sus fueros, desde el entorno de Belloso aseguran que no habrá resistencia al proceso. El legislador buscará defender su gestión frente al tribunal sin interponer obstáculos parlamentarios, en un caso que también sienta en el banquillo al exfuncionario Alberto Olivera.
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