El balance de los operativos de control vehicular desplegados por el municipio de General Roca durante la última semana arrojó una moderada reducción en los índices de infracciones y retenciones preventivas. Los registros oficiales consolidados entre el lunes 22 y el domingo 28 de junio evidencian un comportamiento ligeramente más ordenado en las calles de la localidad respecto de los siete días previos, en el marco de una política de fiscalización urbana sostenida para contener los incidentes viales.
De acuerdo con el desglose estadístico provisto por la Dirección de Tránsito local, el personal municipal confeccionó un total de 95 actas de contravención, lo que representa un descenso marginal frente a las 99 de la semana anterior. En la misma línea, los test de alcoholemia positiva pasaron de diez a nueve casos detectados. De las 23 unidades remitidas al depósito judicial —una cifra menor a los 28 secuestros del informe precedente—, 20 correspondieron a motocicletas y tres a automóviles, constatándose que siete de las retenciones se fundamentaron en conductores que superaban el límite legal de alcohol en sangre.
El informe de las autoridades locales reflejó también una caída en otras faltas graves recurrentes dentro del ejido urbano. Los casos de rodados secuestrados por ruidos molestos disminuyeron de diez a siete, mientras que los episodios donde se constató que menores de edad se encontraban al volante se redujeron de cinco a tres incidentes; a su vez, los secuestros debidos estrictamente a la ausencia de la documentación obligatoria exigible pasaron de siete a cuatro. El cuadro de situación general, no obstante, mantiene bajo alerta a los inspectores debido a la persistencia de conductores que circulan sin pólizas de seguro vigentes o con las licencias vencidas.
Desde el gobierno comunal recordaron la plena vigencia de la Ordenanza 5020/23, la cual establece la prohibición absoluta de conducir bajo los efectos del alcohol mediante el esquema de Alcohol Cero. Al ser catalogada como una falta de carácter grave, la normativa local prevé sanciones económicas rigurosas que oscilan entre las 1.000 y las 3.000 Unidades de Sanción Municipal (USAM), montos que en la actualidad se traducen en multas de entre 1.200.000 y 3.600.000 pesos, accesorias a la correspondiente inhabilitación formal para operar vehículos en la vía pública.
