La situación para las pequeñas y medianas empresas está cada vez más difícil y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) decidió mover sus fichas en el Congreso. Ante el inminente debate en el Senado para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, la entidad les mandó un pedido formal a los presidentes de todos los bloques legislativos. La intención es replicar el reclamo que ya le habían hecho al Ministerio de Economía de la Nación la semana pasada. Las pymes están alarmadas porque la nueva agencia de recaudación, la ARCA, viene pisando el acelerador con una ola de embargos y multas pesadas que, según advierten, están asfixiando a los que intentan levantar la persiana todos los días.
Para frenar esta presión fiscal, CAME armó una propuesta con tres pedidos muy concretos que buscan que los senadores metan sí o sí en la nueva ley. El primer punto, y quizás el más urgente, es que se suspendan de manera temporal todos los embargos y las ejecuciones fiscales contra las pymes, evitando que les congelen las cuentas bancarias en este momento tan delicado. En segundo lugar, piden un alivio en las penalizaciones: quieren que no se apliquen multas durante el «Período de Espera» que otorga el organismo recaudador, y que si el comerciante logra ponerse al día dentro de los 15 días posteriores, la multa se reduzca a la mitad, dejando el castigo total solo para los que directamente se nieguen a pagar.
Un plan de pago con cuotas largas y menos interés
El tercer pilar del proyecto es la creación de un plan de facilidades de pago hecho a la medida de la crisis actual. La propuesta de los empresarios es que se puedan financiar las deudas vencidas al 31 de mayo en hasta 48 cuotas mensuales. Para que sea realmente pagable, exigen que se perdone el 50% de los intereses que se fueron acumulando y que la tasa de financiación sea muy baja, equivalente a la mitad de la tasa pasiva que maneja el Banco Nación. Este beneficio también debería incluir a aquellos planes de pago que hoy están vigentes o que se cayeron por falta de pago en los últimos meses.
Desde la entidad explicaron que este pedido de auxilio llega en un escenario muy complejo, donde la gente compra menos en la calle y se siente el impacto de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que propone una reforma tributaria que termina golpeando el bolsillo de los trabajadores y haciendo que estar en blanco sea un lujo carísimo para los sectores de menores ingresos. Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, aseguró que confían en que el Senado le dará prioridad absoluta a este tema, ya que no se trata de salvar grandes corporaciones, sino de defender el entramado productivo nacional y cuidar los miles de puestos de trabajo que dependen de la supervivencia de las pymes argentinas.
