En un movimiento estratégico que busca dar respuesta a una problemática ambiental histórica, la provincia de Río Negro formalizó este miércoles un acuerdo de cooperación internacional con Francia para el financiamiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). El convenio, suscripto por el gobernador Alberto Weretilneck y el embajador francés Romain Nadal, sienta las bases para el primer crédito millonario que la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) otorgará de forma directa a una provincia argentina para infraestructura sanitaria.
La iniciativa apunta a desarticular el actual esquema de disposición de residuos, caracterizado por la fragmentación y la ineficiencia de los basurales a cielo abierto. Según detalló el mandatario provincial, el objetivo es migrar hacia un modelo de nodos regionales que permita centralizar el tratamiento de los desechos, optimizando costos y aplicando estándares tecnológicos que hoy resultan inalcanzables para los municipios de forma individual.
“Vamos a dejar atrás un sistema ineficiente y desigual para avanzar hacia un modelo regional con escala y planificación”, sostuvo Weretilneck, destacando que la obtención de crédito externo resulta vital en un escenario marcado por la fuerte retracción de la inversión pública nacional.
El programa se desplegará inicialmente en una zona crítica: el corredor productivo del Alto Valle. Los municipios de Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen integrarán la primera fase del plan. La logística diseñada contempla estaciones de transferencia para las localidades menores y centros ambientales de gran escala para el procesamiento pesado.
Uno de los pilares del proyecto es su capacidad de recuperación. Se estima que, con la instalación de plantas de separación de última generación, se podrá reinsertar en el circuito de la economía circular hasta el 70% del volumen de los desechos recolectados. Este diseño, calificado por el Ejecutivo como un ejercicio de “soberanía técnica”, fue desarrollado por equipos locales bajo los parámetros de la Unión Europea, lo que facilitó el aval del organismo francés.
Más allá de la solución técnica, el programa GIRSU incorpora una dimensión social orientada a la formalización de los recuperadores urbanos. El financiamiento prevé dotar de infraestructura y herramientas de comercialización a quienes hoy operan en la informalidad, transformando su labor en lo que el Gobierno denomina “empleo verde”.
Desde el punto de vista administrativo, la firma de este miércoles acelera los plazos para el desembolso de los fondos. Si el proceso administrativo y técnico mantiene el ritmo previsto, las autoridades rionegrinas estiman que las obras de infraestructura podrían comenzar entre finales de 2026 y principios de 2027. De cumplirse los objetivos, el modelo del Alto Valle será la punta de lanza para replicar el sistema en el resto del territorio provincial.
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