La justicia anuló un allanamiento nocturno: En Rio Negro los narcos tienen que «trabajar» de día para poder ser allanados

La defensora pública oficial busca cada tecnicismo para defender a comerciantes de droga, y la Justicia que blinda "los derechos" de los delincuentes. La frustración se la quedan los fiscales, el pueblo, y los vecinos de los narcos, que tienen que esperar que el narcotráfico trabaje "en horario diurno" así la justicia no anula los allanamientos.

Una reciente decisión de la Justicia Federal con sede en General Roca volvió a poner en discusión los criterios para autorizar allanamientos en horario nocturno, en el marco de investigaciones por comercialización de estupefacientes.

El caso se originó a partir de una audiencia realizada el pasado 22 de abril, en la que se analizó una impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal —integrado por los Dres. Sebastián Gallardo, Francisco Iglesia y la Dra. Greta Dómina— contra una resolución del Juzgado de Garantías.

En primera instancia, el juez Gustavo Villanueva hizo lugar a un planteo de nulidad formulado por la defensora pública oficial, Dra. Celia Delgado, quien cuestionó la validez de un allanamiento autorizado en horario nocturno por el juez Hugo Horacio Greca, al considerar que no se encontraba debidamente fundamentado conforme a los requisitos legales.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que la actividad investigada —venta de estupefacientes— se desarrollaba principalmente durante la noche, con un pico de operaciones a partir de las 22:30. Según explicó, este elemento había sido evaluado por el magistrado interviniente al momento de autorizar la medida, en línea con criterios jurisprudenciales previos.

Sin embargo, el juez Villanueva consideró que la sola circunstancia de que la actividad ilícita ocurra en horario nocturno no resulta suficiente para habilitar un allanamiento en esa franja. En su interpretación, deben acreditarse además elementos concretos que justifiquen el peligro en la demora: la existencia de armas o la posibilidad de que la droga llegue al domicilio durante la noche. 

Finalmente, en la instancia de revisión, la Cámara Federal confirmó la nulidad del allanamiento en lo relativo a la nocturnidad, aunque convalidó otras diligencias realizadas en un local comercial, al entender que se rigen por un marco normativo distinto.

Diferentes criterios en la región: Neuquén no toma las mismas decisiones.

El fallo también reavivó el contraste con lo resuelto en la provincia de Neuquén, donde el Tribunal Superior de Justicia avaló en octubre de 2025 la constitucionalidad de los allanamientos nocturnos en casos vinculados al narcomenudeo. José Ignacio Gerez, Fiscal General neuquino, dio declaraciones recientemente en medios (La Verdad) donde expuso la ridiculez de anular allanamientos nocturnos en casos de narcotráfico y venta de droga, la frase que resonó fue «¿cuando quiere que allane, cuando no hay nadie?».

En esa oportunidad, el máximo tribunal provincial sostuvo que el microtráfico de drogas representa una problemática de alta gravedad social y destacó la necesidad de adoptar herramientas eficaces para su persecución, en concordancia con compromisos internacionales asumidos por el país.

Un debate abierto, que debería resolverse con pragmatismo.

La resolución de la Justicia Federal de General Roca refleja una interpretación más restrictiva respecto de los requisitos legales para habilitar medidas invasivas en horario nocturno, priorizando el cumplimiento estricto de las garantías procesales. Mientras que la provincia hermana de Neuquén consolida una política judicial moderna coherente con el modo de operar de las bandas narcotraficantes.

El tema plantea un debate de fondo sobre cómo equilibrar la eficacia en la investigación penal con el respeto a los derechos individuales. Mientras algunos sectores sostienen la necesidad de flexibilizar criterios frente a modalidades delictivas específicas, otros enfatizan la importancia de mantener estándares rigurosos en la autorización de este tipo de medidas.

En un contexto marcado por la preocupación social frente al avance del narcotráfico, la discusión continúa abierta tanto en el ámbito judicial como en el debate público.

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