El Gobierno de Río Negro comenzó la elaboración de un proyecto de Código Procesal Penal Juvenil y la confección de un protocolo de actuación unificado con el objetivo de adaptar la estructura normativa y administrativa de la provincia a las disposiciones de la Ley Nacional 27.801, que fijó el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil a partir de los 14 años.
La iniciativa, llevada adelante por la SENAF a través de la Dirección Penal Adolescente, tiene por finalidad definir los mecanismos de intervención de los organismos rionegrinos ante la investigación de un presunto delito cometido por personas de entre 14 y 17 años de edad, garantizando el cumplimiento del debido proceso y la protección de derechos.
La reforma nacional, aprobada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y en vigencia desde el 5 de septiembre, reemplazó el esquema legal vigente desde 1980 e incorporó al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años. Si bien el marco normativo nacional establece la punibilidad para esta franja etaria, prioriza el uso de medidas alternativas, prohíbe la aplicación de penas de prisión perpetua y establece un límite máximo de 15 años para las condenas privativas de la libertad.
Ante este escenario, la redacción del nuevo código procesal provincial resultará determinante para fijar las reglas específicas con las que los jueces, fiscales y defensores tramitarán las causas en Río Negro. El proyecto contempla procedimientos diferenciados de los aplicados a personas adultas y ratifica las pautas fijadas el 25 de septiembre por el Superior Tribunal de Justicia, que eximen a los menores de edad de ser juzgados mediante jurados populares.
En paralelo, el Gobierno provincial avanza en la formulación del Protocolo de Actuación en Materia Penal Adolescente, una herramienta diseñada para articular la labor de los equipos técnicos multidisciplinarios, la Policía de Río Negro y el Poder Judicial. El protocolo establecerá criterios de actuación transversales basados en el principio del interés superior del niño, asegurando una respuesta institucional coordinada y especializada en todo el territorio provincial.
