Los productores ganaderos de la Patagonia manifestaron su profunda preocupación ante las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa. En el marco de la Exposición Rural Ovina de Puerto San Julián, las entidades del campo cuestionaron el argumento oficial de eliminar burocracia para otorgar «libertad» al productor de contratar su propio veterinario. Según los ruralistas, esta decisión rompe un sistema solidario que durante décadas permitió llegar a los rincones más marginales del país y garantizar la trazabilidad de cada campaña sanitaria.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas, advirtieron que el Gobierno está cometiendo un error estratégico al priorizar el ahorro fiscal por sobre la seguridad epidemiológica. El sistema previo, basado en entes y fundaciones, permitía que los grandes productores ayudaran a costear la logística para alcanzar a los pequeños criadores. Con el nuevo esquema liberado, se teme que los veterinarios privados opten por trabajar únicamente en campos de fácil acceso, provocando «agujeros» de inmunidad en zonas críticas que podrían comprometer la sanidad de todo el rodeo nacional y el acceso a mercados internacionales.
La Federación Agraria Argentina se sumó a las críticas resaltando que la sanidad animal debe ser considerada una inversión y no un costo. El principal temor radica en que el SENASA deba pasar de auditar a unos 180 entes centralizados a controlar a miles de veterinarios y productores individuales, lo que debilita el barrido territorial y el control de la cadena de frío de las dosis. Los dirigentes sostienen que si un solo productor vacuna fuera de término o falsea datos en este sistema descentralizado, se pone en peligro un patrimonio productivo que llevó años construir.
Además del conflicto sanitario, los referentes del sector aprovecharon el encuentro para reclamar por las históricas deudas estructurales que enfrenta la región. Señalaron que la falta de conectividad, el mal estado de las rutas y los altos costos logísticos siguen limitando el desarrollo de la Patagonia. En este sentido, remarcaron que no es posible pensar en una Argentina productiva si no se invierte en infraestructura básica que garantice el arraigo de los productores y la integración real de todo el territorio nacional.
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