Imputado por liderar una red de abuso infantil en Cipolletti registra una condena previa por narcotráfico

Un estremecedor expediente judicial instruido en los tribunales de Cipolletti suma graves revelaciones sobre el perfil del imputado. Se trata de Nelson Javier Bonilla Bravo, de 37 años y de nacionalidad ecuatoriana, quien se encuentra actualmente detenido con prisión preventiva acusado de liderar una red de pedofilia y abuso sexual infantil que operaba en un asentamiento del norte de la ciudad rionegrina. Sobre el acusado ya pesaba una condena previa dictada por la Justicia Federal por transporte de estupefacientes.

La investigación rionegrina le atribuye al menos seis hechos cometidos entre 2023 y mediados de 2025. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el sujeto atraía a niños y adolescentes a su vivienda, donde les suministraba medicamentos disueltos en bebidas para dejarlos inconscientes y someterlos sexualmente. Durante un allanamiento concretado en 2025, los peritos secuestraron su teléfono celular y una computadora portatil donde se halló material donde filmaba y almacenaba las agresiones. Asimismo, se le formuló cargos por corrupción de menores contra dos niños que estaban bajo su cuidado, a quienes les exhibía material pornográfico.

El historial delictivo de Bonilla Bravo registra un antecedente del 22 de mayo de 2018, cuando fue condenado en Formosa a tres años de prisión en suspenso por tentativa de transporte de estupefacientes. En aquella oportunidad, en agosto de 2017, la Policía lo había interceptado sobre la Ruta Nacional 86 en Clorinda al mando de un vehículo Chevrolet Aveo en cuyo interior transportaba 3,4 kilogramos de marihuana distribuidos en «ladrillos» ocultos en la guantera y el baúl.

En relación con el proceso en Río Negro, las partes evalúan acordar un juicio abreviado en el cual la pena definitiva se fijaría en una posterior instancia de cesura, pudiendo alcanzar un tope de hasta 25 años de cárcel. Por la causa también se encuentra detenido un segundo hombre, imputado por recibir y poseer el material de abuso que le enviaba el principal acusado. En tanto, organizaciones sociales de Cipolletti, como Mujeres en Lucha y Diversidad, emitieron un comunicado exigiendo máxima celeridad al Poder Judicial ante la extrema vulnerabilidad de las víctimas y la gravedad de las conductas denunciadas.