La Legislatura de Río Negro ratificó este viernes el acuerdo entre la provincia, YPF y Argentina LNG SAU para el desarrollo del megaproyecto de Gas Natural Licuado en el Golfo San Matías, una iniciativa que prevé una inversión estimada en 30.000 millones de dólares y la generación de hasta 40.000 puestos de trabajo a lo largo de su ejecución. El convenio fue aprobado por 42 votos afirmativos y apenas 4 negativos. Esos cuatro votos correspondieron a legisladores que responden políticamente a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, quien fijó una postura contraria al proyecto.
Los votos en contra fueron de Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda y Leandro García. A veces hay que recordar a Delgado Sempé como el hombre que ha respaldado públicamente a Rubén Muñoz, ex policía exonerado y condenado, quien promueve acuartelamientos policiales en la provincia. Spósito quedó envuelta en el escándalo del vacunatorio VIP durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se vacunó contra el COVID-19 antes que los grupos prioritarios, pese a no ejercer activamente la profesión médica. Odarda fue titular del INAI en la gestión de Fernández y fue denunciada penalmente por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y abuso de autoridad en el marco del conflicto en Villa Mascardi, vinculado a ocupaciones y hechos de violencia en el Parque Nacional Nahuel Huapi. García, por su parte, tuvo paso por ANSES y responde políticamente a nivel nacional a Martín Sabbatella, condenado por la Corte Suprema por abuso de autoridad.
Con 42 votos a favor y solo 4 en contra, el proyecto de GNL quedó formalmente respaldado por una amplia mayoría legislativa, en una votación que expuso con nitidez el alineamiento político detrás de cada postura frente a una de las inversiones energéticas más relevantes proyectadas para la provincia.
