La situación judicial de Mariela Fernanda Marzano se mantiene bajo estrictas medidas de control tras la resolución dictada este martes por el juez de garantías Oscar Gatti. El magistrado ratificó la vigencia de la tobillera electrónica y la inhibición general de bienes, al considerar que existen fundamentos suficientes para garantizar el avance del proceso. De esta manera, la Justicia desestimó los planteos de los abogados defensores, quienes calificaron la causa como «mediática» y argumentaron que las restricciones funcionaban como un anticipo de pena.
En su fallo, Gatti coincidió con la postura de la fiscal Celeste Benatti, subrayando que las medidas cautelares son proporcionales a la gravedad de los hechos investigados, que incluyen el presunto ejercicio ilegal de la medicina y la falsificación de documentación pública para obtener la matrícula profesional. El magistrado remarcó que el arraigo de la acusada no garantiza por sí solo que no intente eludir la acción de la justicia, especialmente ahora que la investigación ha tomado un rumbo más complejo con la reciente incorporación de testimonios y denuncias por presunta mala praxis vinculadas a la muerte de pacientes en el Alto Valle.
La investigación, que se inició tras una denuncia del Ministerio de Salud, ha derivado en múltiples allanamientos a instituciones de salud donde Marzano se habría desempeñado durante años. En paralelo, la Fiscalía N° 5 de General Roca se encuentra analizando historias clínicas y documentación secuestrada para determinar la responsabilidad penal de la mujer en los decesos reportados por familiares de damnificados. Mientras tanto, el proceso de investigación preparatoria continuará por un plazo inicial de seis meses, periodo en el cual Marzano deberá permanecer sujeta al control del dispositivo electrónico y con sus activos financieros bloqueados.
