La resolución judicial estuvo a cargo de la jueza federal Mariel Borutto, quien rechazó la participación directa del Estado Nacional en la demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Sin embargo, el fallo sí avaló que la provincia de Tierra del Fuego se sume a la controversia legal a través de su Fiscalía de Estado para aportar elementos en defensa de los recursos naturales de la región insular.
La causa judicial cuestiona las actividades de explotación de hidrocarburos desarrolladas en el archipiélago sin la autorización del Estado argentino, en un proceso que busca frenar el avance industrial sobre la plataforma continental. Desde el CECIM remarcaron que el reclamo excede las disputas comerciales e industriales al apuntar contra el colonialismo y la defensa de la soberanía sobre los recursos estratégicos nacionales.
En su decisión, la magistrada consideró que por el momento no resulta indispensable la incorporación formal del Gobierno nacional como parte activa del litigio, aunque dejó abierta la posibilidad de evaluarlo si surgen nuevas pruebas sustanciales. Paralelamente, el tribunal mantuvo firmes los lineamientos de la medida cautelar vigente y determinó que se continuará con la revisión de informes y exigencias ambientales a las compañías involucradas.
El avance de la causa mantiene bajo rigurosa lupa las operaciones de exploración y explotación petrolera en las aguas circundantes a las islas. Mientras tanto, las organizaciones demandantes continúan impulsando los controles y las restricciones legales para frenar el impacto económico y ambiental de las empresas extranjeras en la zona en disputa.
